Río de Janeiro.

En sus olímpicos esfuerzos por mantenerse en el sillón presidencial, Michel Temer, en el poder a raíz de un golpe institucional, da reiteradas muestras de considerar que, en esa lucha, cualquier arma es buena.

En vísperas de enfrentar la segunda denuncia presentada por la Procuraduría General de la República, esta vez por formación de banda criminal y obstrucción de la justicia, Temer, una vez más, transformó su despacho en balcón de negocios. Recibe a diputados, escucha sus demandas, negocia la liberación de recursos (desviados, por cierto, de su destinación inicial), así como la distribución de cargos y puestos, como el envío al Congreso de medidas de interés de grupos económicos o religiosos, en especial los de sectas evangélicas fundamentalistas.

El pasado lunes, de manera inesperada, Michel Temer decidió acatar una antigua reivindicación de los grandes terratenientes brasileños: adoptó medidas que dificultarán, cuando no imposibilitarán, la fiscalización y castigo a los responsables por tener trabajadores en condiciones de esclavitud o en situación análoga a ésta. Con eso espera asegurar los votos favorables de la bancada ruralista, que reúne a más de 200 de los 531 diputados, y que representa intereses propios (muchos de ellos son grandes propietarios de tierra) y de todo el sector del agronegocio.

Hubo protestas inmediatas, dentro y fuera del país. La más contundente fue la de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en una dura nota afirmó que el país deja de ser referencia global en el combate al trabajo esclavo y pasa a ser ejemplo negativo. Además, advierte que la medida es ilegal, porque altera lo que determina el Código Penal brasileño.

Para la OIT, la legislación anterior contenía puntos considerados ejemplares, que fueron anulados o neutralizados. Antes, se consideraba que jornadas exhaustivas y en condiciones degradantes conformaban una situación análoga a la esclavitud. La nueva determinación de Temer dice que no, y que la fiscalización sólo podrá sancionar al empleador cuando haya restricción de libertad. No aclara qué implica dicho concepto, o sea, prevalecerá el criterio del empleador.

Antes, impedir que alguien abandonara determinado lugar donde es forzado a ejecutar tareas en situaciones degradantes era esclavitud. A partir de ahora, sólo se considerará que hay esclavitud cuando se recurra al uso de la fuerza o haya vigilancia armada para impedir que el trabajador abandone el local.

La legislación anterior determinaba la divulgación, en cualquier momento, de una lista negra con los nombres de los acusados de emplear mano de obra esclava. Esa lista era elaborada por el cuerpo técnico del Ministerio del Trabajo, sin injerencia alguna. Ahora, la divulgación pasa a ser de competencia exclusiva del titular de la cartera de Trabajo. Si decide mantenerla bajo sigilo, nadie sabrá quiénes la integran.

Antes, los integrantes de la lista eran obligados a pagar deudas laborales e indemnización a las víctimas. Además, su nombre quedaba registrado por al menos un año. Ahora, los que practiquen trabajo esclavo ya no tendrán ninguna obligación frente a sus víctimas. Los pobres miserables tendrán que recurrir, por su cuenta, a la justicia, lo que jamás ocurrirá.

Todo eso llevó a la OIT a dar otra alerta: sin que se divulgue el registro de quiénes contratan a trabajadores en condiciones de esclavitud, Brasil corre el riesgo de enfrentar barreras comerciales, especialmente en las exportaciones de alimentos. Abandonar el criterio estrictamente técnico en la elaboración y divulgación de la lista para adoptar criterios políticos con seguridad generará desconfianza de compradores de todo el mundo. El sistema de la lista negra era considerado referencia internacional.

Desde la llegada de Michel Temer y su grupo al poder, las presiones de la bancada ruralista no hizo más que aumentar. Como consecuencia, el combate al trabajo esclavo perdió fuerza, pero perduraba. La fiscalización, por ejemplo, sufrió drástica reducción en su presupuesto, a tal punto que el pasado agosto se agotaron los recursos previstos en el presupuesto nacional para todo este año.

Acosado por consistentes denuncias de corrupción, entre otros delitos, el presidente más impopular de toda la historia brasileña no lo pensó dos veces. A cambio de apoyo para mantenerse en el cargo y preservar a los dos ministros más fuertes de su gobierno, que además de integrar la misma denuncia que será analizada por la Cámara de Diputados responden a un sinfín de acusaciones en la justicia, retrocedió y eliminó conquistas laborales de décadas.

A tal punto impactó el retroceso, que tanto el Ministerio Público del Trabajo como el Ministerio Público Federal, fiscalías máximas, hicieron críticas muy duras a la medida y recomendaron que sea anulada.

El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, poderosísimo terrateniente y cultivador de soya transgénica, dijo: sólo tenemos que celebrar tras la decisión de Michel Temer.

Nada podría ser más claro.