scribo el domingo 15, por la tarde. Para mañana lunes acaso habrá ocurrido una catástrofe de dimensiones mayores en la vida democrática de España, debido al problema catalán. El día después es hoy, y estaremos enterándonos cuál es la ruta trágica que construyeron entre la derecha corrupta encabezada por Mariano Rajoy, presidente de España y titular del Partido Popular (PP), y el también corrupto Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Cataluña. Hoy domingo Puigdemont dijo que no responderá a Rajoy; queda así expuesto al artículo 155 constitucional.

Ese artículo prevé que el gobierno puede adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma el cumplimiento forzoso de las obligaciones que la Constitución le impone o, si fuera el caso, la protección del interés general. Los supuestos en que puede hacerlo son, obviamente, que dicha comunidad haya incumplido la Constitución. En los casi 40 años de promulgada la Constitución, nunca se ha utilizado ese artículo y, no sorprende, no existe una ley reglamentaria del 155. La interpretación de la disposición constitucional está tan abierta como lo determine Rajoy, sin violar el resto del texto constitucional; la decisión sobre la falta cometida, requiere la mayoría del Senado donde, gracias a una ley electoral abusiva, el PP tiene mayoría. La operación concreta de la decisión pasa por el Código Penal, pues Madrid debe desalojar a Puidgemont y su gobierno, y tomar el control de Cataluña. Probablemente, encarcelar a Puidgemont. Pero Rajoy habrá pensado muy bien hasta dónde llevará las cosas, pues de esa decisión derivarán vastos efectos políticos para el conjunto de España.

La semana pasada, Rajoy, encendido por la testosterona, dijo: “Es que el presidente de un gobierno de una nación como la nuestra no puede aceptar de ninguna de las maneras esta suerte de planteamientos [la proclamación de la independencia que hizo Puidgemont, apoyado en los votos que recogió de las urnas, en Cataluña, proclamación inmediatamente congelada por el propio presidente catalán]. Es que no es posible [sigue Rajoy], y se lo hemos dicho, están cometiendo ustedes un error, y nos van a obligar a llegar a lo que no queremos llegar…” Eso, a lo que lo obligarían, es la aplicación del artículo 155. Un truco retórico: no sería la decisión de Rajoy, sino que lo habrían obligado Puidgemont y el Parlament de Cataluña.

A la amenaza de Mariano Rajoy, Puigdemont respondió, también con altos niveles de testosterona, en tono de desdén y de aparente valemadrismo, ­entendido.

Ada Colau, primera mujer que llega a ser alcaldesa de Barcelona, responsabilidad a la que accedió por la coalición electoral denominada Barcelona en Común, y que no está en favor de la secesión catalana, dijo inmediatamente después de esa intervención de Rajoy: Eso en política no tiene sentido, ¿que nos están obligando a llegar a lo que no queremos?, eso en política no puede existir, en política uno tiene que trabajar, para hacerlo lo mejor posible. Resumo el resto de sus declaraciones: en democracia, los problemas políticos se resuelven con más democracia y con los instrumentos de la política. La inmediata judicialización del referendo ilegal, sólo empeorará todo, para todo España.

Y ese símbolo de la justicia española que es la ex jueza Manuela Carmena, hoy alcaldesa de Madrid, declararía: “… estamos viviendo un fracaso, un fracaso de la política, de unas personas que no se quieren sentar a hablar… Como es eso que hay palabras que no se pueden decir… ¿qué es lo que pasa?, ¿que un sector muy importante de catalanes quiere expresar lo que pasa respecto a su marco territorial?, pues están en todo su derecho… Vamos, si es necesario volver a votar los estatutos autonómicos, hay que hacerlo, la Constitución no es inmovilista, podemos cambiarla, claro que sí, con todo el tiempo que sea necesario, la Constitución hay que reformarla, no hay duda, la situación ha cambiado, y los estatutos autonómicos tienen que ser revisados. Tenemos una relojería con todos los relojes a una hora descompensada, una relojería escacharrada… Lo que [Rajoy] ha hecho hasta ahora es acudir al Código Penal… Todo lo que ha hecho el PP no es serio, perseguir con la policía, amenazar a los alcaldes, ¿eso va a corregir un problema territorial ya antiguo? No vale el Código Penal, no vale cuando un colectivo social está exponiendo sus ideas… Cuando una norma se incumple por grandes sectores de la población [más de 2 millones de votantes en el referendo del primero de octubre], no se puede meter en la cárcel a grandes sectores de la población, no se puede imputar a grandes sectores de la población, el derecho penal tiene una utilización singular, no vale para resolver los problemas colectivos”.

La Constitución se aprobó en 1978; después las naciones que integran el Estado español votaron sus estatutos mediante referendo y por los parlamentos de las llamadas comunidades autónomas. El de Cataluña fue seriamente recortado por el partido go­bernante, el PP, y por el Tribunal Constitucional. Los catalanes quedaron muy inconformes. Los miles de independentistas se volvieron millones. Pueden ser algo menos de 50 por ciento de los ciudadanos; pero 80 por ciento está en favor de votar independencia sí o no. Hace siete años que lo intentan. En tanto el PP se ha negado sistemáticamente a organizar un referendo pactado, en términos de ley, con la Generalitat. Ahora se sumen en un túnel.