Mexicali, BC.

El próximo año Baja California recibirá más de mil 850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado, única fuente de suministro para la entidad que proviene de Estados Unidos y que forma parte del Tratado de Aguas Internacionales de 1944; sin embargo, está en riesgo por sobrexplotación y desperdicio en usos humano y agrícola, afirmó Alfonso Andrés Cortez, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).

Aseveró que el uso agrícola es competencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero ésta no vigila porque carece de personal y equipo especializados.

En un reporte interno, la Conagua consigna que cada año se pierden unos 20 millones de metros cúbicos en los canales de riego de Mexicali; volumen que equivale a un tercio del consumo anual en las zonas urbanas de Tijuana y Mexicali.

En los canales es común ver pipas que cargan agua de manera directa e ilegal, sin vigilancia de la Conagua. Los canaleros abren las compuertas de manera discrecional a los agricultores.

Según otros usuarios, los censos de la Secretaría de Agricultura muestran discrepancias entre el abasto de agua y las superficies agrícolas, es decir, no corresponden las hectáreas sembradas con los derechos de uso coordinados por la Conagua.

En el Diario Oficial de la Federación se indica que la extracción asciende a 974 millones de metros cúbicos anuales, pero en la práctica sólo se explotan 602 millones.

El Comité Estatal de Planeación advirtió que, debido a las fallas en los sistemas de distribución, el usuario final sólo recibe la mitad de cada litro que proviene del río Colorado, cuya cuota anual de uso se fijó en mil 850 millones de metros cúbicos en 2012 y se mantendrá vigente hasta diciembre de 2018, de acuerdo con el acta 319 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

En la frontera entre México y Estados Unidos hay tres cuencas hídricas: las de los ríos Tijuana y Colorado en el noroeste, y la del río Grande o río Bravo.

En el Tratado sobre Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, protocolizado el 3 de febrero de 1944, el vecino país asignó a México un caudal del río Colorado para 2 millones de hectáreas de riego en Baja California y la parte alta de Sonora. A cambio, México entrega agua del río Bravo, de la cual, según el Centro para el Progreso de Estados Unidos, dependen 35 millones de habitantes de ese país.

Uno de los acuerdos con el Buró de Reclamaciones de Estados Unidos es que la sección mexicana de la CILA vigile en forma permanente el almacenamiento en la cuenca del río Colorado, que ha disminuido en forma sostenida a partir de 2000, aunque las lluvias de principios de 2017 mitigaron esa baja.

Ante los problemas para abastecer de agua a 70 por ciento de la población de Baja California (en Mexicali reside el resto), en julio de 2007 se decidió construir una línea paralela al acueducto río Colorado-Tijuana.

El entonces gobernador Eugenio Elorduy otorgó un contrato a una empresa para construir la obra, con un compromiso de pago de mil 340 millones de pesos, mediante la figura de asociación pública-privada (APP), y el monto se convirtió en deuda pública. Así, se aseguró el abasto a Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito.

En el Foro Ciudadano sobre el Agua, realizado en junio pasado, se destacó que es muy costoso trasladar el líquido por 135 kilómetros del acueducto río Colorado-Tijuana (trayecto con mil 200 metros de elevación en La Rumorosa), por lo que es necesario desalar el agua del océano Pacífico para cubrir la demanda en la costa.

El gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid propuso construir dos desalinizadoras en Rosarito y Ensenada, por medio de APP avaladas por el Congreso local mediante el decreto 57.

La confirmación está pendiente por el rechazo de los partidos Encuentro Social, del Trabajo, Revolucionario Institucional y Morena en la Cámara de Diputados, así como de grupos civiles, pues los proyectos, señalan, generarán mayor deuda pública.

Con la desalinizadora de Playas de Rosarito el gobierno estatal se comprometería a pagar 9 mil millones de pesos en 37 años, con aportaciones de 20 millones mensuales. La desalinizadora de Ensenada forma parte de un contrato a 30 años con una inversión de 568 millones de pesos.

La investigadora Gabriela Muñoz, del Colef, advierte que la desalinización será imprescindible porque 77 por ciento de la población está asentada en la costa, pero el agua para la región proviene del río Colorado.

Lo principal es apostar a la conservación, al uso eficiente y a la diversificación de fuentes, como el reuso o la captación de lluvia, entre otros.