Monterrey, NL.

Era una bomba de tiempo y Humberto Leonel Alfaro Mendoza, alias El Cachorro, se los había advertido: “Nosotros no queremos zetas ni norestes”. Y el líder del penal cumplió: la masacre del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cadereyta estaba anunciada y terminó con 17 muertos, algunos de ellos quemados vivos, otros con arma blanca, una golpiza o disparos de la fuerza letal utilizada por el gobierno.

El Cachorro, condenado a 28 años por asesinar al empresario Humberto Leonel Alfaro Mendoza, publicó entonces las terribles fotos de los muertos y grabó un audio que difundió en redes sociales:

“Nosotros no quisimos hacer nada aquí, simplemente quisimos apaciguar las cosas… El director del penal (Samuel Franco) y el director de la Fuerza Civil (Jorge Fernando Garza Morales) me dicen que vamos a hacer un trato para que le entreguemos a la gente que son zetas; se los entregamos, calmamos a la raza y luego los batos me dicen: “te llevó la verga, ya no hicimos trato, vamos a darle pa’ delante como venga”.

El llamado autogobierno en los tres penales de Nuevo León durante la administración de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco –Topo Chico y Apodaca, en poder de Los Zetas, y Cadereyta, bajo el control del cártel del Golfo–, ha dejado una estela de dolor, con un total de 75 muertos y cientos de lesionados, en nueve riñas, motines y protestas durante los pasados dos años.

Un problema que fue analizado a fondo y cuya solución fue propuesta por Eduardo Guerrero Durán, ex titular del Órgano Administrativo Desconcertado de Prevención y Readaptación Social a cargo de los Ceresos federales –bajo la dirección de Miguel Ángel Osorio Chong– y ex fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en Chihuahua, donde estuvo a cargo de los Centros Federales de Readaptación Social.

Plan de reingeniería

En entrevista con La Jornada, Guerrero Durán explica el plan de reingeniería del sistema penitenciario de Nuevo León, que en un principio fue aceptado por Manuel González Flores, secretario general de Gobierno con El Bronco, después del motín en el penal del Topo Chico que dejó un saldo de 52 reos muertos, pero que fue finalmente rechazado sin explicación alguna.

Se requiere cambiar el rumbo del sistema penitenciario estatal. El gobierno del estado debe tener interés en cambiar lo que está sucediendo dentro de estas cárceles, donde se está gestando la mayoría de los delitos de alto impacto.

Añade: “Urge una estrategia para revertir lo que ha sucedido. Sin una estrategia, improvisando día a día, es imposible. El ‘autogobierno’ es un riesgo muy alto; si bien dentro del estado hay diversas organizaciones del crimen organizando operando, no tienen por qué darles el control de un penal u otro. Hay estrategias para la convivencia, no se debe tener en una penitenciaría a presos de un solo cártel. Eso es entregarles la cárcel”.

El Bronco, en campaña

A pesar de la gravedad de los hechos en el penal de Cadereyta, el gobernador de Nuevo León no se acercó a las familias de los reos ni ofreció una declaración oficial al respecto.

Cuando ocurrieron los hechos, El Bronco, como en otras ocasiones, andaba fuera del estado.

El líder del PAN en la entidad, Mauro Guerra Villarreal, consideró que las distracciones del gobernador –que acaba de anunciar su candidatura independiente a la Presidencia y deberá recabar las firmas necesarias–, afectan el buen funcionamiento del estado.

Hay un vacío de autoridad, no hay control ni orden, porque el gobernador no está en Nuevo León. Lo que sucedió en el penal es un reflejo de lo que está pasando, indicó.

Tampoco los responsables de la crisis penitenciaria que vive Nuevo León, como Rosa Manuela Félix Valles, comisaria general de la Agencia de Administración Penitenciaria, y Arturo González García, secretario de Seguridad Pública, han ofrecido una explicación de lo sucedido o dado el pésame a las familias de los 17 reos asesinados.

“No se han dado a la tarea de crear la infraestructura necesaria para hacer ese tipo de contenciones. A mí me tocó vivir en Chihuahua un problema con el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. En todos los penales hay organizaciones criminales y allí tienen seis años que no sucede un motín. Las personas que están privadas de su libertad deben entender que el control de los centros penitenciarios es de parte del gobierno”, dice Guerrero Durán.

Para ello, propone autorización inmediata de infraestructura y una actualización tecnológica penitenciaria, cambios de personal, apoyo para evaluaciones de control de confianza, ayuda mensual de traslado de personal foráneo a lugares de origen, vehículos blindados, oportunidades para la reinserción social y escoltas para los jefes, así como el desarrollo de plataforma de la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

El gobierno de Nuevo León acaba de solicitar 900 millones de pesos para remodelar los penales del estado y evitar episodios violentos. El vocero de Seguridad estatal, Aldo Fasci Zuazua, advirtió sobre la urgencia de la llegada de presupuesto: Siempre estaremos sujetos a más disturbios mientras no tengamos la infraestructura necesaria y digna para poder tener a este tipo de internos en los centros penitenciarios, dijo.

Fuerza letal

Ante la falta de una estructura de reingeniería penitenciaria, el estado ha cometido una serie de excesos en los tres penales, como el llamado uso de la fuerza letal.

En el reciente ataque ocurrido en Cadereyta, fue Aldo Fasci quien dio la orden del uso de la fuerza letal para retomar el control del Cereso, argumentando que la orden era necesaria para evitar muertes de cuerpos de seguridad que estaban secuestrados.

Fue atacada nuestra gente, que nos cuida y nos protege, por eso se toman estas decisiones y se seguirán tomando. Ya era tiempo de hacerlo, porque no había otra opción. De hoy en adelante verán la fuerza que se tendrá que aplicar, dijo el funcionario, quien además es director del Centro de Información para la Seguridad del Estado.

El uso de la fuerza letal se saldó con la muerte de varios internos, aunque todavía las autoridades no informan cuántos murieron por la violencia del Estado y de los propios internos.

Organismos de defensa de derechos humanos criticaron la medida aplicada por Fasci. La Organización de las Naciones Unidas condenó la acción y pidió al gobierno esclarecer los hechos, así como demostrar que el uso de la fuerza letal fue legítima. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió un expediente e investiga el excesivo uso de la fuerza.

De visita en la ciudad, el ombudsman nacional, Luis González Pérez, solicitó que se investigue objetivamente para saber la verdad de los hechos: La fuerza letal es el último recurso que se debe de utilizar; el Estado está legitimado para usar la fuerza, pero tiene que hacerlo conforme a los estándares internacionales, ésta debe ser proporcional, objetiva, racional, buscar un fin legítimo y es lo que vamos a observar.

Por su parte, Guerrero Durán, experto en el sistema penitenciario nacional, quien estuvo a cargo de vigilar a Joaquín El Chapo Guzmán en su última estancia en la cárcel, recordó que en la nueva Ley de Ejecución Penal hay protocolos de uso de la fuerza que están regulados y se tiene que investigar si fue legítima.

Es indignante ver que muere una persona privada de su libertad dentro de una institución penitenciaria, más cuando hay protocolos de actuación de uso de la fuerza, firmados, donde todos nos tenemos que hacer responsables por los actos cometidos. Los gobiernos deben ser capaces de poder gobernar dentro de cuatro paredes de cada prisión, afirmó.

El gobierno tiene la obligación de darle trabajo a los internos, proveerlos del servicio de salud, educación, deporte y cultura. Hoy somos de los sistemas penitenciarios peor calificados del mundo y no hay un verdadero control de la institución penitenciaria.

Tumor con metástasis

Durante días, los familiares de los internos esperaron angustiados información. El gobierno de El Bronco nuevamente tardó días en revelar el nombre de los heridos y muertos. Afuera del penal se vivieron momentos de alarma y violencia contra funcionarios y policías.

Los errores cometidos por el gobierno fueron exhibidos cuando el reo Lázaro Salvador Macías Reyna fue declarado muerto tras el motín y resultó que estaba vivo. En la lista de los fallecidos estaba, Gerardo Delgado Pérez, preso por dañar los vitrales del palacio de gobierno.

Consuelo Bañuelos Lozano, fundadora y directora de Promoción de Paz, la única organización civil que atiende a los reos de Cadereyta, lamentó la muerte de internos: Lo vivimos con muchísimo dolor. Fue un brote de violencia muy grande. Pero estamos mal, no es posible seguir viendo a los penales como el lugar a donde enviamos a quienes no queremos en la comunidad. Ahorita los penales son un tumor, maligno, canceroso, que va llenando de metástasis al resto del cuerpo social. Si no atienden los penales debidamente, todo lo que hagamos por fuera serán cuidados paliativos, señaló.