e acuerdo con los más recientes indicadores del desarrollo que periódicamente difunde el Banco Mundial, durante el año reciente México compró en el exterior armas por 388 millones de dólares, lo que representa un incremento superior a 246 por ciento con relación a 2010. El dato, naturalmente, se refiere al material bélico adquirido legalmente para uso de las fuerzas armadas y no considera las eventuales y brumosas operaciones ilegales mediante las cuales el narcotráfico abastece sus arsenales.
La cifra llama la atención por su magnitud tanto en términos nominales como porcentuales, pero también porque coloca a nuestro país a la cabeza en un rubro –la adquisición de armamento– en el que tradicionalmente habían destacado Brasil, Argentina y Venezuela, mientras México mantenía un razonable equilibrio entre las partidas presupuestales destinadas a la provisión de armas y las asignadas a otros rubros esenciales para el desarrollo socioeconómico. Sorprende el volumen de la compra, además, porque va contra la tendencia a la baja que se aprecia en fechas recientes en el resto de América Latina y el Caribe: según el organismo internacional de finanzas, el año pasado esa región gastó 991 millones de dólares en armas, cantidad 38.6 por ciento menor a la invertida para esos fines en 2010.
El mantenimiento de las instituciones armadas, su oportuno requipamiento y su permanente necesidad de actualización tecnológica son objeto de especiales deliberaciones cuando se elaboran los presupuestos anuales de egresos, porque debe existir proporción racional entre los recursos que se destinan a la provisión de armamento (a menos que haya una situación de guerra, virtual o real) y los que demandan las otras áreas que el gobierno debe atender.
Es preciso no confundir el presupuesto para el desenvolvimiento operativo de las fuerzas armadas con el ejercido específicamente para la compra de armas. En México, las actividades que dichas fuerzas realizan están a menudo ligadas con tareas de protección civil y auxilio a la población en caso de catástrofes naturales, lo que sólo se puede hacer si se dispone de recursos suficientes. En ese contexto, la importación de un volumen de armas como el adquirido a lo largo de los meses recientes no parece tener correspondencia directa con la labor que día a día desarrollan los efectivos militares.
Por otro lado, es preciso tomar en cuenta que las acciones que el narcotráfico en sus diversas expresiones lleva a cabo en distintas regiones del país, así como el poder de fuego que muestra en los ataques y enfrentamientos que con frecuencia protagoniza, pone a los uniformados en la obligación de proveerse de armamento moderno y eficaz que les permita combatir a los delincuentes. Es posible que esta sea la razón principal del considerable desembolso de recursos efectuado; en todo caso, convendría que los fundamentos de la medida fueran públicamente conocidos, porque regularmente la opinión pública –entendida como la de los hombres y mujeres que trabajan y viven al margen de la vida castrense– suele mirar con alarma cada aumento significativo del gasto militar.
