El defensor de luchadores sociales, Juan Manuel Gómez Gutiérrez, de 92 años de edad, busca recuperar un inmueble de su propiedad, ubicado en Versalles 37, en la colonia Juárez, que resultó dañado por el sismo del pasado 19 de septiembre, y el cual fue invadido desde hace tres años por integrantes de una organización de comerciantes ambulantes.

El edificio de 12 pisos está desalojado y se encuentra ya en la lista de demoliciones, pero no se le ha tomado en cuenta en el procedimiento, refirió al señalar que los invasores se ostentan como dueños, por lo que pidió a las autoridades capitalinas cumplir con el compromiso de que el destino de los edificios afectados lo decidirán los legítimos propietarios.

Abogado de líderes sociales como Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Othón Salazar y defensor de los presos políticos del movimiento del 68, Gómez Gutiérrez adquirió poco a poco el inmueble, donde durante años instaló sus oficinas con la finalidad de que en su retiro pudiera contar con algún ingreso.

Se me ocurrió hacer un pequeño hotel, para que pudieran alojarse ahí quienes vienen de lejos a la funeraria que se encuentra enfrente, pero antes tenía que reforzarlo estructuralmente, porque ya presentaba una inclinación. Nos habían pedido desocuparlo por el riesgo y mandé hacer el estudio que se requerían para los trabajos, expuso.

Con las llaves y escrituras de los departamentos en mano, detalló que estaba en proceso de juntar la inversión cuando el edificio fue invadido por un grupo de personas, pertenecientes a una organización de comerciantes ambulantes, por lo que de inmediato presentó una denuncia por despojo ante el Ministerio Público y se abrió la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-5/UI-3S/D/01/71/03-205.

El edificio de Versalles 37, colonia Juárez, será derrumbado tras resultar dañado en el temblor. Juan Manuel Gómez Gutiérrez, su dueño, indica que tenía afectaciones desde antesFoto Rocío González

Ya pasaron tres años y hemos dado vuelta tras vuelta, pero nos dicen que siguen revisando si son auténticas las escrituras, refirió, al señalar que apenas en febrero pidió a las autoridades de la delegación Cuauhtémoc que hicieran una verificación en el inmueble que estaba siendo desmantelado por los invasores, solicitud que nunca fue atendida.

En junio de este año, envió un escrito a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana para conocer de los avances de las investigaciones, con el fin de poder hacer los trabajos de intervención en el edificio, que ya presentaba una inclinación severa hacia el norte, lo que ocasionaba daños al edificio aledaño.

Explicó que tras el sismo se enteró que fue declarado como inhabitable y que requiere ser demolido, pero mi temor es que hayan tomado esa decisión no por el riesgo, sino para darle la posesión a los invasores, cuando tengo todas las escrituras ante notarios, apuntó.

A intervención de uno de sus hijos, la directora de la coordinación territorial Juárez-San Rafael, Azucena Hernández, le solicitó copias de las escrituras para acreditar la propiedad, acción que realizaría, aseguró, para que no haya ningún pretexto para despojarlo.

El inmueble en cuestión, aseguró, tenía remedo y requería de una recimentación con base de contratrabes y losas, así como la colocación de nuevos pilotes.