De acuerdo con organizaciones peticionarias de la alerta de violencia de género en Ciudad de México, el porcentaje para que cualquier persona acceda a la justicia por feminicidio es mínimo, pues persiste un círculo de impunidad. Ana Yeli Pérez, integrante de Justicia Pro Persona, dijo que las prácticas que impiden la justicia van desde la resistencia de las instituciones a aplicar el protocolo de feminicidio, desacreditación de las víctimas, culpabilización, pérdida de evidencia y mal manejo de ésta.

Es excepcional el caso en el que no estén presentes estas irregularidades, dijo en entrevista. Añadió que los derechos de las víctimas son violados durante todo el proceso. En todos los casos, dijo, encontramos un patrón de impunidad donde se repiten varias prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia.

Ana Yeli Pérez agregó que también se presentan contradicciones muy graves en dictámenes periciales tanto médicos como criminalísticos donde concluyen situaciones que son contrarias a los hallazgos. Tampoco hacen análisis de contexto, no identifican que hay regiones donde se presentan características similares en las formas de comisión de los delitos, eso implica una práctica o un patrón que podría tomar la autoridad en consideración para hacer las investigaciones y contrario a ello las minimiza.

Señaló también que otro de los puntos que forman parte de la solicitud de alerta de violencia de género para Ciudad de México es el tratamiento que se les da a estos casos en el Poder Judicial, pues en los pocos en los que se acredita el feminicidio, éste los reclasifica.

La organización documentó que de 221 asesinatos de mujeres que se cometieron de 2015 a 2016, sólo 102 casos son investigados como feminicidios, lo que no necesariamente responde a los hechos. En la solicitud de alerta de violencia de género también exponen que de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, con base en fuentes hemerográficas, en 2016 fueron asesinadas 104 mujeres en Ciudad de México y el estatus legal de los victimarios señala que poco más de 60 por ciento están prófugos, mientras que sólo 24 por ciento han sido aprehendidos; 6 por ciento fueron vinculados a proceso, y sólo uno por ciento sentenciado.