La iniciativa de ley de reconstrucción del gobierno capitalino significa un jugoso negocio para el cártel inmobiliario, que podrá utilizar fondos y predios públicos, evadir los programas delegacionales de desarrollo urbano y exentar trámites, denunció la organización Suma Urbana, que exigió a la Asamblea Legislativa no aprobarla.

Los 28 comités y organizaciones de vecinos que la constituyen, señalaron que los edificios que hayan sufrido una afectación mínima o insignificante podrán aumentar hasta 35 por ciento de pisos, superficie o viviendas respecto de lo que tenían antes del sismo.

Se trata, agregaron, de un pacto inmobiliario que evade los programas delegacionales y resulta absurdo, cuando su incumplimiento derivó en tragedias, a lo que se suma la realización de trámites con el principio de buena fe y el uso de fondos y recursos destinados a los damnificados.

Señaló que a los habitantes de inmuebles afectados se les reducirá el espacio que tenían y los nuevos contarán con una superficie mayor; asimismo, se otorgarán facilidades fiscales, administrativas y de financiamiento en los que los directores responsables de obra y corresponsables de estructuras de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda clasifiquen como inhabitables.

Por ello, demandaron un plan de reconstrucción de la mano de damnificados, ciudadanos y especialistas independientes, con base en el atlas de riesgo y programas delegacionales, y la creación de un fideicomiso auditable.