El Senado de la República remitió al presidente Enrique Peña Nieto 40 preguntas parlamentarias, entre las que destacan cuestionamientos en torno al plan del gobierno de la República para prevenir corruptelas en la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos.

Además de enviarle por escrito al presidente preguntas relacionadas con el análisis del quinto informe de gobierno, legisladores de todas las fuerzas políticas preguntaron sobre otros temas, entre ellos los referidos a los escándalos de corrupción más sonados, como el caso Odebrecht.

El grupo parlamentario del PRI planteó 17 preguntas, una de ellas en torno a la situación de emergencia que vive el país, luego de los movimientos telúricos del 7 y 19 de septiembre.

Los priístas pidieron datos sobre el plan rector para la reconstrucción de viviendas, escuelas e infraestructura cultural e histórica dañada por los sismos en Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Puebla.

También sobre ese tema, la fracción de PRD en el Senado preguntó al presidente cuál es el plan normativo que seguirá para dar seguimiento puntual a la reconstrucción de vivienda e infraestructura pública colapsada, y evitar prácticas corruptas.

Sobre todo, recalcó, porque la Fracción V del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas permite dejar de lado la obligación de licitar todo contrato en caso fortuito o de fuerza mayor.

Ello puede llevar a la falta de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad en las obras relacionadas con la reconstrucción.

Se hace notar que uno de los grandes problemas que salió a relucir a partir de los sismos del 7 y 19 de septiembre fue la corrupción, tanto en obras públicas que resultaron dañadas, como en las edificaciones que supusieron autorizaciones gubernamentales sin cumplir las normas vigentes.

El grupo parlamentario del PAN pidió a Peña Nieto responder hasta cuándo va a llamar a rendir cuentas a los funcionarios acusados de malversación de recursos públicos, uso indebido de los mismos y otros delitos.

La bancada panista resalta que no se ha observado voluntad política para fortalecer el combate a la corrupción, como se refleja en el nulo avance de las investigaciones de los funcionarios sobornados por Odebrecht, la falta de investigación en la desastrosa administración de Emilio Lozoya en Pemex, los escándalos de la irregular actuación de OHL, la opacidad en los procesos de licitación y avance en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y la falta de sustento en la información de candidatos a ocupar las magistraturas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.