La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó a la Cámara de Diputados que desde el inicio de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se han registrado irregularidades presupuestales por un monto de 234 millones 722 mil pesos, contenidas en los contratos firmados entre la autoridad y empresas constructoras.

El auditor Selerino Ruiz García, quien encabeza el área de Inversiones Físicas Federales de la ASF, dio a conocer a los integrantes de la comisión Especial de Seguimiento de la Construcción del NAICM en San Lázaro, que el gasto previsto originalmente para edificar la nueva terminal aérea, de 13 mil millones de dólares, quedó rebasado y ésta no será entregada en la fecha comprometida –el 20 de octubre de 2020–, a causa de retrasos y al incumplimiento de contratos.

Sobre el particular, el presidente de la comisión especial, Rafael Hernández Soriano (PRD) confirmó que de los 180 mil millones de pesos programados al inicio de la obra, nuestros cálculos nos han dejado ver que el aeropuerto, hasta hoy, costará más de 210 mil millones de pesos, sin considerar que aún restan más de dos años para la conclusión de la terminal.

Emiliano Álvarez, diputado por Morena, señaló que en la obra aeroportuaria, se encierra un velo de impunidad y falta de transparencia. Nosotros hemos advertido desde el inicio de esta legislatura, que el NAICM terminará siendo la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones. Hemos argumentado con pruebas y datos fehacientes que la nueva terminal aérea será una obra fastuosa, que contrasta con la realidad del país, vaya, tan sólo con la realidad de las colonias proletarias que rodean esa construcción faraónica. Ahora celebramos que los senadores panistas se hayan dado cuenta de lo innecesario que será el nuevo aeropuerto y asuman que la obra no debe continuar.

En su exposición, el auditor Ruiz García refirió que las irregularidades sumaron un millón 206 mil 800 pesos en 2014, 231 millones 112 mil pesos en 2015 y 2 millones 403 mil 700 pesos en 2016. Las auditorías revelan manejos carentes de transparencia, a decir del ente fiscalizador, por 234 millones 722 mil pesos.