Las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron ayer, sin cambios, la minuta del Senado con la ley general en materia de desaparición forzada de personas, en una sesión en la cual los legisladores privilegiaron la urgencia de contar con un instrumento para atender los miles de casos, más allá de las omisiones en el contenido.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Luna Canales (PRI), sostuvo que se buca dar resultados a las familias que viven en la zozobra que implica tener un ser querido desaparecido.

Se trata, agregó, de una tragedia y el propósito de la ley –que fue turnada a la Mesa Directiva de la cámara para que la agende a discusión en el pleno– es que no haya olvido, que la búsqueda sea con vida, porque la primera tentación de los ministerios públicos es cerrar la investigación.

Su compañero de bancada y presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra, sostuvo que se trata de una ley de avanzada, con la que México se ubicará como el primer país en contar con un marco especializado en la materia y abona a una deuda histórica del Estado con las familias y los desaparecidos.

No obstante, diputados de otros partidos expresaron su preocupación por los pendientes que dejará la aprobación de la minuta.

El diputado independiente Manuel Clouthier dijo que si bien con esta ley el delito de desaparición forzada será imprescriptible y se perseguirá de oficio, las sanciones para funcionarios que lo ordenen tendrían que ser muy superiores.

Además, percibo que hay mucho cuidado con el Ejército. Siempre estamos queriendo cuidarlo y no es válido. Hay que reconocer sus virtudes y errores, sólo así empezaremos a enmendarlo, expuso.

Diputados de PAN, Morena y PRD cuestionaron también que la ley no va acompañada de una partida en el presupuesto de 2017, y la cámara deberá autorizar fondos para su puesta en marcha.

Cuitláhuac García (Morena) expuso que la minuta soslaya algunos puntos sensibles, entre ellos el hecho de que en el texto se trata de sustituir el término persona desaparecida por el de víctima de desaparición forzada, que es el asunto medular. No se trata de una intención declarativa, tiene que ver con la correcta tipificación del delito.

No obstante, dijo que por la urgencia de contar con la ley la bancada de Morena votará su aprobación en el pleno.

Por su parte, Víctor Sánchez Orozco (MC) explicó que si bien se incrementa la pena de cárcel, para que sea de entre 40 y 60 años cuando sea cometido por algún representante del Estado, y de 25 a 50 años cuando se cometa por particulares, esta ley no servirá de nada si no modificamos las estructuras enquistadas en la procuración de justicia.