Con el argumento que desde sus radios comunitarias las comunidades indígenas hablan en contra del gobierno, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para sancionar hasta con seis años de prisión a quienes operen estaciones sin contar con la concesión respectiva.

Con 11 votos de PRI, PAN y PVEM, y tres en contra de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD, la comisión avaló la propuesta del empresario Benjamín Medrano (PRI), ex alcalde de Fresnillo y organizador de las ferias de Zacatecas y de Nayarit.

La semana pasada, para defender a su amiga y compañera de bancada Carmen Salinas –quien también votó ayer el dictamen– de las críticas por su falta de preparación, Medrano declaró en Zacatecas que la oposición incluye como diputados plurinominales a indígenas que no saben leer ni escribir.

La modificación también prevé el decomiso de los instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza, definición que fue cuestionada por Virgilio Caballero (Morena) durante la reunión de trabajo de la comisión.

Refirió que el párrafo segundo del artículo séptimo de la Constitución define que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión y que en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

Caballero alertó que de aprobarse la redacción propuesta por Medrano, estaremos violando la Constitución.

En respuesta, el legislador del PRI exclamó: No va a ir Lía Limón (PVEM, presidenta de la comisión) ni yo a decomisar nada. ¡Va a ser el Estado! ¡No vamos a ir como perros a quitarles sus instrumentos!

Durante el intercambio de opiniones, Virgilio Caballero resaltó que las estaciones comunitarias operan en pueblos donde la sociedad civil está alejada e incomunicada y decide informarse, sin el lucro con el que operan las empresas. Las radios comunitarias no hacen negocio, no lucran. Esta comisión debe distinguir entre comercio y el derecho a expresarse. ¿Vamos a criminalizar lo que no pudo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con su campaña: Se busca por robo, insistió.

Sin embargo, Medrano sostuvo que él prefería equivocarse y aunque tiene vínculos con los principales empresarios de la radio en Zacatecas, expuso que esto no es personal.

En su respaldo, el también priísta Miguel Ángel Ramírez Ponce, quien ha trabajado en la principal cadena de radio privada en el estado de México, resaltó: Sí hacen negocio. No podemos defender lo indefendible. Sí es un delito. Y usan las radios para mal informar y hablar contra el gobierno.