Los 120 mil pesos que el gobierno federal ofrece a los damnificados que perdieron su vivienda por los sismos del pasado mes de septiembre en los estados de Chiapas y Oaxaca son notoriamente insuficientes, debido a que apenas cubren entre 10 y 25 por ciento de una vivienda de interés social, señalaron investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Indicaron que de acuerdo con las estimaciones oficiales, a causa de los sismos se reportan unas 150 mil viviendas dañadas, y otras 52 mil con pérdida total.

Los especialistas advirtieron, además, que el rezago social existente tiende a agudizarse más con los problemas derivados de los sismos, por lo que es fundamental replantear el presupuesto del próximo año, y desarrollar un plan a corto y mediano plazos para responder a esta emergencia nacional.

En conferencia conjunta, académicos e investigadores del Programa Universitario de la Ciudad; de las facultades de Ingeniería y de Arquitectura, y del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), plantearon que los habitantes de los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Oaxaca y Puebla fueron de los más afectados por los sismos, pero que la respuesta institucional y de la sociedad civil se ha enfocado en gran parte a lo registrado en Ciudad de México.

Adolfo Sánchez Almanza y Abraham Granados, del IIEc, señalaron que en un análisis preliminar, donde se cruzaron diversos datos como los índices de calidad de vida y zonas afectadas por los sismos, se encontró que los habitantes de la capital del país tienen una mayor capacidad de resiliencia.

Esto significa poder recuperarse hasta lograr mejores condiciones que las anteriores al desastre, es decir, entre más vulnerable es la población, la recuperación es más lenta, por ello se requiere priorizar la ayuda y el apoyo para las personas con necesidades más urgentes, dijo Sánchez Almanza.

Por su parte, Javier Delgado, director del Programa Universitario de la Ciudad, subrayó la necesidad de que el sector inmobiliario ya no controle el mercado de la vivienda en la capital del país, pues esta lógica ha terminado por imponerse sobre la urgente planeación urbana y a la seguridad.

Marco Tulio Mendoza, de la Facultad de Ingeniería, dijo que no sólo los recursos que recibirán los damnificados que perdieron su vivienda son insuficientes, sino que ya se ha empezado a reportar un aumento de entre 10 y 50 por ciento en el precio de los insumos de la construcción, como varilla y cemento.

Además, sugirió que ante la realidad que representa la autoconstrucción de vivienda en el país, se diseñen programas institucionales, donde incluso debería estar la UNAM, para asesorar a los damnificados en esta tarea.

En el acto, realizado en el IIEc, el especialista también se refirió a que las autoridades tengan muy definido el destino final que tendrán los desechos dejados por los sismos. Estimó que tan sólo en Ciudad de México, el volumen de escombro podría llenar un estadio Azteca y medio.