e supone que comienzan a liberarse los recursos públicos para la reconstrucción de viviendas en las zonas dañadas por los terremotos de septiembre. Cuando menos en Oaxaca y Chiapas, según anuncio del inquilino de Los Pinos: 7 mil millones de pesos para vivienda (en abonos), y los apoyos serían de 120 mil pesos para aquellos con pérdida total y 30 mil, con pérdida parcial.

De acuerdo con Peña Nieto, los recursos se canalizarán en dos tarjetas a quienes perdieron su vivienda totalmente; el monto que se les asignará será de 120 mil pesos, divididos en cuatro depósitos mensuales, entre octubre y enero, de los cuales 90 mil pesos se podrán utilizar para la compra de materiales de construcción, y 30 mil los podrán retirar de la otra tarjeta para usarlo como dinero en efectivo, (La Jornada, Alonso Urrutia).

De entrada, 120 mil pesos no parece una cantidad suficiente para adquirir una vivienda nueva; de hecho, no alcanzarían para una simple reconstrucción y/o rehabilitación, pero en el prorrateo, los 7 mil millones de pesos anunciados por el inquilino de Los Pinos alcanzarían –por decirlo así– para la construcción o reparación de poco más de 58 mil viviendas (siempre en la quimera de que esos dineros resulten suficientes para la finalidad señalada y, especialmente, lleguen a sus destinatarios).

Bien, pero el problema se agudiza cuando el propio gobierno de Oaxaca reconoce que más de 70 mil viviendas resultaron dañadas –total o parcialmente– en la entidad por los sismos septembrinos, de tal suerte que en el mejor de los casos, y siempre considerando un esfuerzo sobrehumano para abatir los costos de construcción, el presupuesto anunciado por Peña Nieto –otra vez en el mejor de los casos– cubriría a 80 por ciento de la población afectada sólo en ese estado, porque no hay que olvidar que en Chiapas cuando menos otras 40 mil viviendas resultaron severamente dañadas.

El gobierno federal ha calculado que el costo de reconstrucción en todas las zonas afectadas por los terremotos ascendería a 37 mil 500 millones de pesos, una estimación que a todas luces pinta extremadamente conservadora. Bien a bien nadie sabe de dónde saldría ese dinero, por mucho que presuman los recursos del Fonden, donaciones y conexos.

Lo cierto es que de cualquier forma, aparezcan o no, resultan insuficientes, y en vía de mientras los estados con mayores daños deberán endeudarse –más de lo que ya están– para medianamente atender dichas urgencias. De hecho, el Congreso oaxaqueño ya autorizó la contratación de nuevo débito por mil 200 millones de pesos, algo así como un 10 por ciento adicional al saldo heredado al nuevo gobierno de la entidad.

Lo anterior sin olvidar que el grueso de los dineros que la Federación canaliza a Oaxaca –vía participaciones y aportaciones– está amarrado al pago del débito estatal, el cual, al cierre de julio pasado, ascendía a 11 mil 700 millones de pesos, sin considerar la autorización del Legislativo estatal para que el gobierno de la entidad contrate débito por otros mil 200 millones. No hay que dejar a un lado que alrededor de 90 por ciento de los ingresos brutos del estado y cerca de 70 por ciento de los municipios oaxaqueños dependen del centro.

Y, con distintos grados de intensidad, el triste panorama financiero oaxaqueño se reproduce en los demás estados afectados por los recientes terremotos, huracanes y conexos. En el inventario de daños por los desastres naturales (aparte están los desastres políticos, con los gobernadores a la cabeza) a Oaxaca se suman Chiapas, Morelos, Puebla, estado de México, Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México. Todas las entidades –unas más que otras– dependen de los recursos que la Federación les canaliza.

Los ingresos brutos totales de Chiapas dependen en 90 por ciento de la Federación y sus municipios en 83 por ciento. En el caso de Morelos, la relación es 85-66 por ciento; Puebla, 91-52 por ciento; es-tado de México, 84-71 por ciento, y Ciudad de México, 53 por ciento.

Y todas registran peligrosos cuan crecientes niveles de endeudamiento, que tarde que temprano reventarán, porque el mecanismo es contratar deuda para pagar deuda y, de paso, cubrir los pellizcos que la depredadora clase política de los estados miserablemente aplica a sus respectivos presupuestos.

Al cierre de junio pasado, la deuda conjunta de las ocho entidades de la República que se mencionaron líneas arriba suma, en números cerrados, 217 mil millones de pesos, esto es, casi 40 por ciento del total de los estados, la llamada deuda subnacional, (la información es del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados).

Entre las entidades dañadas por los recientes sismos y huracanes, el monto más elevado corresponde a la Ciudad de México, con 73 mil millones de pesos. Le sigue Veracruz, con 47 mil millones, y el estado de México, con 46 mil millones. Chiapas reporta 20 mil millones; Puebla, poco más de 8 mil millones; Morelos se acerca a 6 mil millones, y Guerrero a 4 mil millones.

Entonces, si los anunciados 7 mil millones de pesos no alcanzarán para mucho, a los gobiernos estatales sólo les queda el recurso de endeudar más a sus supuestos representados, lo que complica su de por sí ya delicada situación financiera.

Las rebanadas del pastel

A la vuelta de la esquina está el viaje de Agustín Carstens a Basilea, Suiza, donde de forma permanente despachará como gerente general del Banco de Pagos Internacionales. Su designación se conoció casi un año atrás, pero a petición del inquilino de Los Pinos el todavía gobernador del banco central mexicano pospuso su salida para el último día del próximo noviembre. Sin embargo, el timing político nacional ya no permite más prórrogas. ¿Por qué? Bueno, porque el nombramiento del nuevo gobernador del Banco de México puede definir la candidatura presidencial tricolor para 2018, y en la mira de no pocos está el actual Secretario de Hacienda, quien no deja de mover sus fichas, y no precisamente con ganas de suplir al próximo viajero. José Antonio Meade a unos convence como sustituto del doctor catarrito, pero a otros como abanderado priísta al hueso mayor. Para un lado u otro la decisión es impostergable, no sólo en lo político sino en lo económico, porque el gobierno peñanietista sabe que en el ámbito interno el horno no está para bollos, y tampoco en los sacrosantos mercados que se mantienen en espera de la señal divina.

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