Chilpancingo, Gro.

Autoridades de Guerrero retiraron las medidas cautelares a los pobladores de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, en el norte del estado, los cuales desde julio de 2016 se encuentran bajo control de un grupo del narcotráfico relacionado con hombres armados que en ma- yo de 2015 ocuparon el municipio de Chilapa.

El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón informó que los habitantes de Quetzcalcoatlán fueron abandonados por los ocho policías estatales que los cuidaban desde julio de 2016, cuando un grupo de 50 personas decidió regresar a este poblado, a pesar de la situación de violencia que prevalece en la región.

Este hecho ha provocado mucho terror a los desplazados, sobre todo en los niños que perdieron a sus familiares en el primer ataque que sufrió la comunidad el 6 de enero de 2016, donde un grupo de hombres armados ejecutó a seis pobladores, explicó Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos (RGODH).

El 6 de enero de 2016, civiles armados presuntamente adheridos a la banda de Los Ardillos, irrumpieron en el poblado y asesinaron a seis personas cuando dormían. La acción criminal provocó que casi cien familias huyeran ante posibles ataques de los civiles armados procedentes de la comunidad de Tlaltempanapa.

Autoridades rompen acuerdo

Olivares Hernández señaló que los pobladores regresaron a la comunidad de Quetzalcoatlán con el acuerdo de que las autoridades estatales darían seguridad e impulsarían proyectos productivos para el desarrollo de esta demarcación dedicada al tejido de la hoja de palma, pero a un año de regresar fueron asesinadas tres personas.

La RGODH calificó de grave la decisión de que las dos patrullas con policías abandonaran Quetzalcoatlán, por lo que responsabilizaron al gobierno del estado y a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero de cualquier atentado que lleguen a sufrir, pues tampoco les dieron ninguna explicación sobre el retiro de las medidas cautelares.

De acuerdo con Olivares Hernández, la organización social que dirige solicitó al gobierno estatal una explicación sobre el retiro del personal de seguridad en la zona.

No es posible que los elementos estatales se retiren de la comunidad dejando a la deriva el perímetro de vigilancia, sin que la Secretaría de Seguridad Publica tenga conocimiento de los motivos, indicó el activista.

Hace tres días, la misión civil de observación que la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas realizó en Chilapa, calificó de alarmante la situación de violencia que hay en los municipios de Chilapa y Zitlala, donde fueron retirados los policías estatales que se encontraban desde julio de 2016.

La única actividad económica de los pobladores –el tejido de la hoja de palma–, es comprado por pueblos vecinos, pues desde hace más de un año los de Quetzalcoatlán no pueden venderla en Zitlala, por el miedo a ser asesinados, y mucho menos en el tianguis de Chilapa.