tres días del temblor que sacudió a la Ciudad de México, Morelos, Puebla, estado de México y Guerrero, las autoridades comenzaron la introducción de maquinaria pesada en el edificio de departamentos colapsa-do en Prolongación Petén, delegación Benito Juárez, así como en la fábrica de textiles ubicada en la avenida Chimalpopoca, en la colonia Obrera, lo cual suscitó una reacción ciudadana de indignación y resistencia ante lo que se percibe como una decisión apresurada. En el ya tristemente icónico colegio Enrique Rébsamen, la presión civil llevó a que la Secretaría de Marina (Semar) suspendiera el uso de estos aparatos, mientras en otros puntos se han presentado tensiones entre brigadistas y miembros de las fuerzas armadas.

Habida cuenta de la total ausencia de información y consulta previa al envío de la maquinaria, no puede calificarse sino de lógica y esperable la reacción de rechazo de los familiares y amigos de las personas atrapadas entre los escombros de viviendas u otros inmuebles, quienes han sido acompañados por centenares de personas que han acudido para impedir que cese la búsqueda de sobrevivientes. Debe considerarse que, en la práctica, introducir maquinaria pesada para la remoción de escombros implica dar por concluida la búsqueda de personas con vida y asentar que en lo sucesivo sólo se encontrarán cadáveres, una decisión en extremo delicada, que resulta insensible, por decir lo menos, cuando se toma de espaldas a quienes esperan noticias de sus seres queridos.

Este episodio es sintomático del fracaso de todas las instancias de gobierno en responder a las demandas de la sociedad, principalmente en la capital del país, donde la alta concentración urbana ha permitido una respuesta civil masiva ante la emergencia. Tal fracaso ha sido palpable a lo largo de la crisis y en múltiples dimensiones: la demora en hacer llegar la ayuda a las zonas afectadas –retraso que hasta ayer persistía en comunidades rurales o semi rurales de Puebla y Morelos–, la desconfianza generalizada en los centros de acopio oficiales, el rechazo inicial a la asistencia de profesionistas puestos a disposición por la embajada suiza, las poses escenográficas y el uso propagandístico de la ayuda por parte de funcionarios, entre otras falencias que han contribuido a generar un clima de repudio a las instancias gubernamentales y sus representantes.

En un contexto en que ya existe un nivel imposible de ignorar de enojo ciudadano contra gobernantes, partidos y grupos políticos en general por su manifiesta incapacidad de ponerse a la altura de las graves circunstancias, resulta deplorable y peligrosa la actitud de absoluto desdén a los reclamos de la población movilizada en un empeño solidario, digno de la mayor admiración.

Si se desea conjurar la potencial explosividad social producida por la inocultable torpeza en el manejo de la emergencia, es imperativo revertir de inmediato este patrón de ninguneo a la gente, planear todas las acciones oficiales en consonancia con las necesidades y el sentir de los afectados, al tiempo que se canalizan de manera efectiva los recursos del Estado en favor de la población. En suma, conducirse de manera acorde con las responsabilidades de un gobernante en una sociedad democrática y moderna.