Madrid.

La Guardia Civil española, por orden de un juzgado ordinario con sede en Barcelona, detuvo a 14 personas –12 funcionarios públicos y dos empresarios– por participar en la organización del referendo de independencia previsto para el primero de octubre. Además, la policía española registró más de 40 sedes de la Generalitat de Cataluña y de partidos políticos que apoyan el proceso secesionista, donde además incautaron 10 millones de papeletas para la consulta ciudadana.

En términos policiales, la operación sirvió para destruir el núcleo de los responsables de organizar la consulta y para confiscar documentos, papeletas, censos y cartas que serían esenciales para llevar a cabo la consulta soberanista.

Los dos detenidos de mayor rango son personajes muy importantes en la coalición que impulsa la independencia: el secretario general de Economía, Josep Maria Jové, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, los colaboradores más cercanos del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del vicepresidente, Oriol Junqueras.

La operación se llevó a cabo al amparo del juzgado 13 de instrucción de Barcelona, que además suscribió las detenciones del consejero de Economía de la Generalitat, Jové; del secretario general de Economía, Salvadó, y de otros miembros del gobierno catalán, entre ellos Juan Manuel Gómez, de Economía; Xavier Puig Farré, de Asuntos Sociales; Josué Sallent y David Franco, del CTTI, y David Palancad, de Asuntos Exteriores. La Guardia Civil también arrestó a Pau Furriol y Mercedes Martínez, directivos de empresas privadas en las que se ha encontrado material electoral y propagandístico. En Madrid se ha detenido también a Rosa María Rodríguez Curto, responsable de la Generalitat de desarrollo informático.

Una masiva concentración espontánea se llevó a cabo frente a la consejería de Economía, a la que se sumaron ciudadanos indignados por las medidas represivas desarrolladas desde Madrid por el gobierno del derechista Mariano Rajoy. La protesta se trasladó a Las Ramblas, donde más de 40 mil personas insistieron en que a pesar de la censura y las medidas antidemocráticas del Estado español, el primero de octubre votaremos.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, compareció por la noche y apremió a los líderes independentistas a que cesen en su estrategia de llevar a cabo un referendo que no se puede celebrar, nunca fue legal ni legítimo y ahora no es más que una quimera imposible. Y añadió: Mi actuación estará guiada en todo momento por la prudencia y la responsabilidad, pero cada ilegalidad tendrá una respuesta firme, proporcionada y rigurosa.