La Tarahumara: una sierra sin ley

Horacio Almanza Alcalde

Además del cambio climático, la región se enfrenta al control del narco en el mercado de madera y a la violencia en contra de los defensores ambientales FOTO: Horacio Almanza Alcalde

En el estado de Chihuahua, aproximadamente 80% de los 16.5 millones de hectáreas de bosque se encuentra en núcleos agrarios, la mayoría habitados por comunidades indígenas. Cada vez más estudios reconocen el papel de éstas en la conservación de los bosques. Es a su buen manejo que debemos el buen estado del aire, el agua y otros servicios ambientales.

En el periodo porfirista se propició una masiva concentración de la tierra. Con la construcción del sistema ferroviario comenzó la tala extensiva en la Tarahumara. Tras la Revolución, muchos latifundios en Chihuahua continuaron hasta la década de 1960. Muchos huecos en las leyes fueron aprovechados, por caciques locales ligados al PRI, para hacerse de tierras a costa de los territorios indígenas. Grandes compañías madereras fueron creadas, y sus patriarcas aún son parte de la cúpula del poder chihuahuense. Sin leyes regulatorias, los bosques estuvieron a expensas de la voracidad extractiva de estas corporaciones privadas, con la gestión del mismo Estado.

Esta situación poco ha cambiado, pese al viraje en la política económica y la creación de organismos de regulación ambiental. Los funcionarios y los profesionales forestales son una bisagra del antiguo y el nuevo régimen. Es por eso que las reglas de operación para la silvicultura y la conservación son adaptadas al gusto de la cadena de intermediarios en el comercio de la madera. Otro eslabón fundamental de estas relaciones de dominación lo constituye el ejido, espacio en el que los mestizos, siendo minoría, imponen sus decisiones. En suma, los intereses productivistas y comerciales han controlado las actividades y las decisiones en torno a los bosques, al grado de que actualmente sólo queda 0.61% de los bosques maduros originales. Además del cambio climático, nos encontramos ante otras señales de alarma: el control del narco en el mercado de madera y la violencia hacia los defensores ambientales y de derechos humanos. Un nutrido grupo de organizaciones de la sociedad civil denuncian la creciente impunidad en la región.

Con la extensa devastación causada por el incendio provocado en Bocoyna en 2016, la Diócesis de la Tarahumara denunció pública y enérgicamente este cuadro de criminalidad ambiental. Así arrancó la campaña Cuidemos el Bosque Tarahumara, donde participa un amplio grupo de personas y organizaciones de Chihuahua. Comunidades con décadas de lucha se enfrentan ahora a panoramas más complicados. Coloradas la Virgen y Choréachi han resistido el despojo de sus tierras y bosques por parte de caciques. Aunado a lo anterior, las amenazas, el hostigamiento y la violencia se han disparado en la década reciente. Miembros prominentes de las comunidades han sido asesinados. Ante este ambiente de tensión y riesgo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para Choréachi, petición que por primera vez en la historia se hace para toda una comunidad.

De manera similar, Repechique tiene interpuesto un juicio para el reconocimiento de su territorio, habiendo triunfado ya contra un proyecto aeroportuario y un gasoducto. Más recientemente sufrieron la invasión de talamontes, con permisos arbitrariamente otorgados por la Semarnat. En respuesta bloquearon el paso de los transportistas por más de un mes hasta que fueron recibidos por las autoridades ambientales federales en la Ciudad de México, quienes actuaron con evasivas y cinismo. En todos los casos, las comunidades han interpuesto las debidas denuncias contra la Semarnat, exigiendo la nulidad de los permisos de aprovechamiento. La delegación de esta dependencia en Chihuahua se ha caracterizado por extender permisos a ciegas, sin inspección ni seguimiento.

Al brillar la Profepa y la Semarnat por su omisión, la tala repunta, y el narco se consolida como un estado paralelo, dictando la política forestal en una sierra sin ley. Un pronunciamiento reciente de prestigiadas organizaciones civiles, señala el casi nulo índice de sanciones a taladores, no obstante, el alto número de denuncias. La iniciativa de reforma de ley forestal del Partido Verde sólo promete reforzar este estado de cosas. La esperanza, de nuevo, está en la organización local. Las comunidades indígenas han mostrado que pueden ganar a los magnates locales, a las corporaciones transnacionales y al propio Estado, y que su proyecto de vida es la apuesta ética a un futuro posible.

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