Mazapil: laboratorio extractivo
y resistencia comunitaria

Sergio Elías Uribe Sierra Estudiante del doctorado en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana  [email protected].
Grecia Eugenia Rodríguez Navarro Candidata a maestra en el Posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas  [email protected]

Comunidades defendiendo sus territorios y su medio ambiente. FOTO: Alfredo Valadez / La Jornada

Con la llegada del nuevo siglo, el extractivismo minero se profundizó en Mazapil, Zacatecas, como resultado de las modificaciones legislativas que, lejos de beneficiar a las comunidades donde se ubican los yacimientos, lo que hicieron fue configurar un laboratorio extractivo. Ubicado en el norte del estado, Mazapil fue el principal productor nacional de oro en 2015 con 21.2% del total y el segundo en plata, con 15.8%. Estratégicamente, esta región es relevante por su alta riqueza mineral y por las ganancias extraordinarias que están captando las empresas mineras.

Regularmente en los trabajos referidos a la minería se hace énfasis en los impactos y repercusiones; en este esbozo, se dará cuenta de la resistencia de los habitantes afectados por los proyectos extractivos.

En el contexto ya mencionado, se han originado dos conflictos: el de Peñasquito con GoldCorp y el de Salaverna con Frisco. En el primer caso, los problemas se originaron en 2006, con la llegada de GoldCorp al semidesierto. La renta temporal de tierras se hizo de forma desleal y con engaños. La lucha de la comunidad dio como resultado una renegociación en 2009, pero, ante el engaño y el incumplimiento, en 2012, mejor organizados, los ejidos de Cedros y el Vergel sentaron a negociar a autoridades gubernamentales y a funcionarios de la empresa. El resultado no fue benéfico para los ejidos, las injusticias continuaron. En octubre de 2016, los ejidos de Mazapil, Cedros, El Vergel, Cerro Gordo, Toreo, Tecolotes, Enrique Estrada, San Tiburcio y Matamoros (Melchor Ocampo) formaron el Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM), con apoyo del Frente Popular de Lucha por Zacatecas y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, quienes luchan por su territorio, el agua y la vida.

En Salaverna, las hostilidades se agravaron en 2010, cuando Carlos Slim adquirió la mayoría de las acciones de la minera Frisco-Tayahua y las barrenaciones subterráneas empeoraron la estabilidad del suelo de la comunidad. Esto hizo evidente la verdadera pretensión del magnate: lograr un cambio en el uso de suelo y explotar la mina a tajo abierto, creando un discurso que justificaba el despojo: una falla geológica “natural” que ponía en riesgo a la comunidad, argumento que la minera no ha podido confirmar al día de hoy. Ante tal situación, algunos habitantes se organizaron e hicieron frente al despojo. Líderes como Estanislao Mendoza (+) y Roberto de la Rosa han encabezado una resistencia de más de diez años contra la minera Frisco.

En mayo de 2016, la fracción de la resistencia encabezada por don Roberto de la Rosa tomó la decisión de incorporarse a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), acción que aceleró la batalla legal en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y llevó el tema a instancias nacionales. Esto representó un salto cuantitativo, pues esta fracción optó por entrar de lleno a la lucha legal reforzada por acciones políticas.

El 11 de diciembre de 2016, la Sedatu inició el peritaje por deslinde y medición de predios; representantes legales de la minera Frisco-Tayahua, el ejido de Mazapil y la comunidad de Salaverna se dieron cita para reclamar su terreno. Después de dicha fecha, las partes intensificaron sus acciones. El 23 de diciembre, los habitantes de Salaverna fueron víctimas de un intento de desalojo forzado, encabezado por la secretaria de Gobierno, Fabiola Torres. La Comisión Estatal de Derechos Humanos fue clara en rechazar las acciones del gobierno y de la empresa, así como en pedir al gobernador responsabilidad ante los hechos. Aún no hay una respuesta contundente.

El pasado 13 de agosto, en un acto político, los habitantes de Salaverna apoyados por la UNTA y organizaciones de La Laguna, Trancoso, Villa de Cos, y La Colorada tomaron las instalaciones de la Sedatu en Zacatecas, para exigir a Rosario Robles la destitución del delegado estatal en Zacatecas, por su inclinación a favorecer a la minera, acción que lograron, aunque la dependencia dijo que la renuncia fue voluntaria.

La lucha ha sido dura, no podemos negar que la voluntad y la dignidad de estas comunidades, ejemplo y antecedente para otras que se encuentran en situación similar. Aunque la lucha ha sido desigual, en estos territorios se ha gestado rebeldía y resistencia mediante la acción política. Gritos y reclamos contra las mineras extranjeras y nacionales se hacen cada vez más presentes. Como dijeron los afectados por los proyectos de Peñasquito y Salaverna, en La Colorada: “aquí nacimos y aquí nos vamos a morir”.

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