Indígenas recluidos en EUA,
nuestro gran pendiente

Agentes de ICE haciendo traslados de inmigrantes detenidos en San Antonio, Texas FOTO: Moody College of Communication

Claudia Jean Harriss Clare DEAS, INAH

En tiempos recientes, los medios de comunicación nacionales e internacionales han consignado incrementos alarmantes de la violencia y el abuso de los derechos humanos infligidos a los connacionales mexicanos en Estados Unidos. Sin duda, eso se debe a las actuales políticas racistas y xenófobas promovidas por la administración Trump, las cuales forman parte de una nueva etapa del histórico maltrato hacia los mexicanos en el otro lado. En particular, éstas cobran su mayor impacto sobre los estratos sociales más marginados y excluidos del acceso a procesos jurídicos adecuados.

Según la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos de 2013 y 2015, la demografía de las cárceles estadounidenses incluía entonces alrededor de 2,220,300 presos; de éstos, 25% eran “hispanos”, una categoría poco articulada. Esta última cifra no diferencia la proporción de personas estadounidenses de la de latinoamericanos, mexicanos u otros campesinos e indígenas detenidos en situaciones prácticamente desconocidas. Otra información que publicó Emilio Renero en 2010 señala que en ese año había por lo menos 20,000 indígenas mexicanos en cárceles estadounidenses. No obstante, este mismo autor indica que dicha información es empírica, es decir, sin datos precisos.

En el caso de los indígenas del estado de Chihuahua, El Diario publicó en fecha reciente la existencia de por lo menos 370 hombres indígenas rarámuri (tarahumaras) privados de la libertad en distintas entidades de Estados Unidos, entre ellos, 91 detenidos en El Paso, Texas (la nota está disponible en el vínculo: https://is.gd/GOLh3q). Hasta ahora no se dispone de información acerca de los procesos de detención, condiciones y actual situación jurídica de los detenidos.

Asimismo, existe una total ausencia de datos confiables relacionados con las mujeres y menores indígenas, sus familiares y otros dependientes en las comunidades de origen que también padecen las secuelas de la ausencia de sus parientes.

Otro problema escasamente conocido es el de los connacionales privados de su libertad en los centros de detención de ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement). Human Rights Watch indica que hay múltiples deficiencias en las condiciones de estos centros y que ICE es una agencia estadounidense reconocible por el abuso que inflige a los migrantes, que incluso ha ocasionado la muerte de los presos.

En este contexto actual de violencia, miedo, marginación y abuso de los derechos humanos de los mexicanos en el otro lado, es preciso emprender una tarea apremiante: la   documentación de casos y la presentación de propuestas para resolver la situación de los indígenas y otros mexicanos privados de la libertad en Estados Unidos.

De igual modo, es necesario elaborar lineamientos para asistir a los detenidos y facilitar su repatriación. Para esta labor, sin duda, México cuenta con instituciones, investigadores, abogados, intérpretes y trabajadores sociales de alta calidad capacitados para llevar a cabo estas encomiendas. Es cuestión de voluntad y concentración de esfuerzos; la finalidad es establecer convenios y promover las redes internacionales de apoyo que puedan asistir a los detenidos y, en la medida de lo posible, asegurar el regreso oportuno a su patria. 

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