Gobernabilidad y desarrollo
en la Sierra Tarahumara

Herculado, Consejo Supremo Rarámuri FOTOS: Isaac Sinuhé Lozano

Isaac Sinuhé Lozano

La política internacional sobre la relación existente entre la gobernabilidad y el desarrollo tuvo auge a partir del año 2000, cuando el Banco Mundial realizó estudios estadísticos sobre la relación entre estas dos características sociales. En México se retomaron estos estudios y se intentaron aplicar modelos cercanos a las características del bajo desarrollo de algunas regiones del país, su composición social y la relación con altos índices delictivos a partir del crimen organizado.

Desde el 2010, en los municipios con muy alta marginación, los homicidios aumentaron hasta 78%; los conflictos agrarios, 68% y la incidencia de cultivo de enervantes, 30%. Frente a este panorama, y debido a que la estrategia contra el crimen organizado está acordada y en ocasiones definida por la política antidrogas aplicada por Estados Unidos, a que los acuerdos bilaterales cobran importancia en los estados de la frontera norte, particularmente a partir de las dinámicas económicas y socioculturales y donde el control y la estabilidad son una forma de definir el grado de gobernabilidad, el Estado mexicano se centralizó en la política de militarización del país.

En los inicios de la presente década, los sectores de la seguridad nacional y de desarrollo social abordaron el tema y adoptaron un modelo a partir del cual se posibilitó que, a pesar de la poca presencia del Estado en las regiones con alta marginalidad, se delinearan proyectos estratégicos de desarrollo que permitiera enfrentar la poca gobernabilidad de esas regiones. Esta estrategia, que algunos consideraron tardía, fue aplicada en la región de la Sierra Tarahumara, de los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, particularmente, en el llamado Triángulo Dorado.

La propuesta se basaba en mantener una vinculación directa entre las políticas públicas de gobernabilidad y desarrollo; la coordinación interinstitucional entre las dependencias de ambos sectores; la reducción de la corrupción a partir del trabajo de gestión en territorio con equipos interinstitucionales; espacios conjuntos de concertación social y programas interinstitucionales con recursos propios; es decir, contar con un proyecto estratégico de desarrollo para la región.

Al ser el Índice de gobernabilidad y desarrollo de la región de la Sierra Tarahumara uno de los más bajos del país, requería de programas interinstitucionales, voluntad política y concertación entre los distintos círculos de poder. Uno de los aspectos a considerar es la amplitud con que se conceptualiza la gobernabilidad en México, que también se refiere a la desarticulación de grupos “subversivos”. Claro ejemplo de esto fue el Programa Cañadas en Chiapas, el cual atendía las demandas sociales de la región estaba acompañado de un proceso de pacificación del EZLN y una reestructuración de la dinámica social, particularmente la comunitaria. Otro caso fue el Programa de la Huasteca Alta de Veracruz, donde si bien se lograron resultados y avances de acuerdo con la escala del Índice de Desarrollo Humano, también operaba el EPR.

Sra. Guadalupe, Arareko

Un nuevo “orden social” en la Sierra Tarahumara y la integración de nuevos sectores de la población al sistema productivo han buscado reorientar la forma en que participan los pueblos indígenas y comunidades locales en el desarrollo de opciones de producción apegadas al modelo económico nacional. Los pueblos indígenas y sus territorios históricamente se han visto presionados por las políticas del Estado nacional y las empresas extractoras de recursos naturales, particularmente sus recursos mineros y madereros, pues los usos tradicionales de sus recursos y sus características culturales no son afines al modelo de desarrollo del Estado.

La Sierra Tarahumara, sus pueblos, comunidades y sus recursos naturales tienen un alto grado de vulnerabilidad; la presión que ejerce el crimen organizado, las políticas apegadas al manejo poco sustentable de los recursos, las políticas económicas trasfronterizas y las políticas sociales son procesos ampliamente consultados con la población y algunos de los factores que mantienen sus bajos índices de desarrollo humano y provocan una pérdida acelerada de su composición cultural tradicional. 

Sin embargo, los proyectos estratégicos encaminados a mejorar la gobernabilidad de la región difícilmente lograran los objetivos sociales y las perspectivas de desarrollo de la población. Una política social, culturalmente adecuada, basada en la participación comunitaria, en el respeto a los derechos humanos y el manejo sustentable de la biodiversidad, tendría mejores resultados.

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