“Te tienes que declarar culpable,
pinche indio” ¿Racismo legítimo
o legalidad racista en Sonora?

Joven comcaac Gildardo Barnett Morales quien fue detenido sin apego a derecho por la Policía Estatal Investigadora y ha permanecido recluido desde el 17 de julio de 2013 FOTO: Archivo

Jesús E. Ogarrio Huitrón Maestro, ENAH

En nuestro país existe una grieta abismal entre la justicia penal y la coherente aplicación de las leyes respecto a los derechos humanos, tanto para las víctimas como para los presuntos culpables de algún delito. Las cárceles están plagadas de gente pobre que no tiene los recursos para defenderse y, peor aún, desconoce de qué delito se le acusa. Por su condición marginal ignoran sus derechos y las opciones tiene para defenderse ante la ley.

La situación se complica para el acusado cuando es de origen indígena, como sucedió en el sonado caso de Jacinta Francisco Marcial, de origen hñähñú (otomí), del estado de Querétaro, arrestada junto con dos indígenas más, acusadas de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2006. Una causa judicial en la que no respetaron su derecho fundamental al debido proceso, privándolas de la libertad por varios años.

También es el caso de Gildardo Barnett, originario de la Nación Comcaac (seri), en la costa de Sonora, integrante de la Guardia Tradicional de la Nación Comcaac, pescador y cazador de profesión, acusado de violar a una mujer estadounidense y de robar un vehículo en Bahía Kino. Gildardo fue sacado de su comunidad con engaños de la policía municipal, para comparecer ante el Ministerio Público del poblado Miguel Alemán, en la comisaría de Hermosillo, Sonora, el 17 de julio del año 2013. Durante el trayecto a la comisaría fue violentado y posteriormente detenido de forma ilegal sin la presencia del traductor y el abogado, que por ley le corresponden.

Los ministerios públicos que participaron en la integración de la averiguación previa infringieron otros principios, como el de la presunción de inocencia y el debido proceso. Las pruebas en su defensa señalan que el día de los hechos él estaba patrullando el lado oeste de la Isla Tiburón, hecho documentado en las bitácoras de salida y con testigos, entre ellos, miembros del Consejo de Ancianos. Por otra parte, el ADN de las secreciones encontradas en el cuerpo la víctima no coincide con el de Gildardo. La descripción del violador hecha por la ciudadana norteamericana no corresponde con los rasgos físicos del inculpado. La mujer no pudo identificar plenamente a Gildardo como su agresor, sin embargo, permaneció encerrado hasta el 18 de noviembre de 2015.

La inconstitucionalidad del proceso que mantuvo preso a Gildardo Barnett durante más de dos años, tuvo graves consecuencias y daños profundos a su dignidad como indígena y representante de la comunidad seri, por otra parte, una afectación directa a su economía familiar ya que él era el único sostén de su hogar. Ante esta situación los abogados que llevan el caso, Adriana Portillo Ayón y Daniel Velasco Hernández, interpusieron una demanda por reparación del daño moral y patrimonial en beneficio de Gildardo. Esta demanda señala la responsabilidad objetiva del Estado, específicamente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. Sin embargo, Sonora carece de una ley de reparación del daño a través de la responsabilidad objetiva del estado.

Ante esa situación, el abogado Daniel Velasco explica: “Si la ley no está actualizada en el estado, éste tendría que estar obligado a desarrollar una ley de responsabilidad objetiva, pero lo que hace es enviar el asunto al Tribunal Contencioso Administrativo, que no quiere darle seguimiento a la demanda y pasa el expediente al Juzgado Civil. Estamos hablando de un retraso sistemático de todos los procesos donde el gobierno está involucrado”.

¿A caso esta forma de proceder es un filtro para impedir que este tipo de asuntos le cause problemas a la gobernadora Claudia Pavlovich? Tal vez al gobierno del estado no le conviene aceptar el daño hecho a Gildardo, porque de ser así se marcaría un precedente en Sonora y con él, la apertura para darle seguimiento y resolución a muchos otros casos similares. Estos hechos dan cuenta de la gran desigualdad que existe en todas las esferas institucionales, en la cuales el sistema judicial tiene entre sus prácticas comunes victimizar a la gente que no habla su idioma. Esto hace de la población más desprotegida un blanco fácil para involucrarla en hechos ilícitos.

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