Antonio Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), subrayó que la facultad que tiene el gobierno para privar de la libertad a quien ha cometido un delito debe ejercerla sin violar sus propias leyes en materia de derechos humanos, sobre todo porque actualmente la situación que se vive en el interior de las prisiones representa la mayor negación del estado de derecho.

Al suscribir una carta intención entre la oficina a su cargo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –con la que se desarrollarán acciones de análisis y armonización legislativa, y se revisarán y compararán normas y estándares en el sistema penitenciario mexicano–, el funcionario internacional señaló que visitar las prisiones o leer los informes que en materia penitenciara presenta el organismo defensor de garantías ofrece un panorama preocupante, porque en muchas ocasiones el control de los centros penitenciarios se ha cedido a grupos criminales.

Frente a ello es preciso modernizar el andamiaje normativo para que no sean únicamente lugares de pena y castigo, sino que quienes ahí se encuentran internados puedan tener acceso a una segunda oportunidad.

Indicó que el acuerdo suscrito ayer permitirá reforzar el trabajo desarrollado entre ambas instituciones desde hace tres años en materia penitenciaria.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, demandó el fortalecimiento integral del estado democrático de derecho y la cultura de la legalidad con el fin de que el eje transversal de cualquier política pública sea la persona y la defensa de su dignidad.

México, resaltó, cuenta con muy buenas leyes y aspira a perfeccionarlas. El reto es materializarlas, especialmente ahora que se ha abierto al escrutinio de los sistemas regional e internacional en materia de derechos humanos.

Aseveró que la atención al sistema penitenciario debe verse con integralidad, ya que no se puede analizar aisladamente el tema de seguridad si no se atiende el modelo de fiscalía autónoma que se desea, la organización policial en el país y el funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio, en el cual todavía no se han otorgado las herramientas ni capacitación suficientes a los operadores.