Como secuela de la auditoría a la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, la Secretaría de la Función Pública (SFP) señala que ante la irreversibilidad de gran parte de las irregularidades detectadas, y ‘‘por considerar que se trata de actos consumados que no pueden ser corregidos, le dará vista a la autoridad investigadora correspondiente’’. En especial, estas disposiciones adquieren su dimensión tanto en las insuficiencias en las obras hidráulicas que se requerían, como en la coordinación general de la construcción.

Aunque falta la etapa de sustanciación de las 22 observaciones de la SFP a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), concluido ese plazo el expediente se turnaría del área de auditorías al de responsabilidades del Órgano Interno de Control para iniciar las investigaciones y posteriormente seguir el procedimiento que haya lugar para el deslinde de responsabilidades administrativas de servidores públicos y de la empresa.

En su caso, si llegaran a detectarse otras consideraciones de índole penal, se turnarían a la Procuraduría General de la República (PGR).

En lo que hace al cumplimiento de los contratos –en específico de Sacc Ingeniería SA de CV, la dependencia señala que de la revisión documental de la ‘‘Coordinación del Proyecto de Ampliación del Libramiento morelense (Paso Exprés), a la fecha no se cuenta con los documentos que demuestren el haber realizado el cierre administrativo del contrato de servicios relacionados con la obra pública, aun cuando éste concluyó el 11 de mayo de 2017 y la obra se inauguró el 5 de abril de ese año.

La SFP señala que ‘‘la empresa Desarrollo Integral y Productividad Empresarial SC, encargada de llevar el control de calidad de los trabajos, no contaba con la evaluación y aprobación correspondiente del laboratorio de control de calidad’’. Se estableció que la empresa de verificación que resulte adjudicataria del contrato está obligada a que su laboratorio sea evaluado y aprobado por la Unidad General de Servicios Técnicos, en este caso, del Centro SCT Morelos, y previo al inicio de los trabajos.

El requisito no se cumplió en el plazo y se otorgaron 15 días más: ‘‘Al 5 de enero de 2016, transcurrieron 214 días sin que la empresa contara con dicha certificación, no obstante que en las bases de contratación de servicios de la obra se estableció un plazo no mayor a 15 días’’.

En la omisión de obras hidráulicas, la SFP refiere que desde el 3 de marzo de 2015, en un recorrido por la obra se advertía: ‘‘Personal de la Residencia General de Supervisión de Construcción de Carreteras Federales del Centro SCT Morelos, la proyectista ORVA, la contratista Aldesem-Epccor y personal de la Oficina de Alcantarillado y Estructuras Menores de la Subdirección de Carreteras Federales de la Dirección General de Carreteras, donde se asentó la problemática específica del tramo 93+855, se confirma la existencia de una obra de drenaje en donde se concentran las descargas sanitarias de algunas viviendas y cruzan con el camino (...) la DGC solicita que se reporte el tipo de obra y las dimensiones, así como el colchón de las misma, ya que se teme que con la ampliación del camino y la adición de cargas a la estructura ésta pueda verse afectada al grado de fracturarse, por mencionar algunas’’.

Más adelante se estableció: ‘‘De ejecutar la obra de ampliación llevaría demasiado tiempo, sin embargo, se podría diseñar un área como vaso de almacenamiento junto a la obra para recibir las aguas pluviales y evitar con ello, por un lado que el agua penetre sobre las bardas colindantes a la barranca o canal arriba de la obra, y por el otro daría tiempo para el desfogue del agua almacenada por la alcantarilla con menos presión’’.

En el documento elaborado entre la SCT y Sacc Ingeniería, denominado Reporte de problemas, seguimiento y soluciones, se acordó: ‘‘No se construirá; conforme al proyecto, se deja como está y posteriormente se harán estudios en la zona; de momento se resolverá una obra reguladora’’. No se realizó y el desenlace fue el socavón.