o es novedad, porque las finanzas estatales y municipales de siempre han estado ahorcadas y dependientes de los dineros que la Federación decide repartirles, pero con la serie de desastres naturales que año tras año se acumulan y los daños inherentes a ellos, más el saqueo institucionalizado que practican gobernadores y alcaldes, y el creciente endeudamiento de las entidades y ayuntamientos, el balance resulta verdaderamente preocupante.

A estados y municipios no les alcanzan los recursos enviados por la Federación, porque el grueso de éstos –por no decir todos– se destina al pago de los intereses de la deuda que los asfixia, sin que ello cancele el alegre ejercicio de contratar más deuda. A su vez, por un circuito algo similar, la Federación no tiene de dónde agarrarse y cada año se le complica más transferir recursos a las entidades y ayuntamientos. Bomba de tiempo, pues.

Pero en ninguno de los tres casos (Federación, estados y municipios) se ha hecho el mínimo esfuerzo para detener la enloquecida carrera de endeudamiento que se registra, y mucho menos para poner fin al saqueo de recursos públicos. El resultado, por obvias razones, es el permanente deterioro de las finanzas públicas (y el creciente cuan jugoso negocio de la banca privada) y de la capacidad de respuesta de la supuesta autoridad, con el consiguiente impacto negativo en la población que dicen cuidar y representar.

Hay que recordar que en lo que va del sexenio peñanietista el saldo de la deuda pública se ha incrementado 60 por ciento (es decir, en alrededor de 3.4 billones de pesos) y que la propia estimación oficial indica que en los seis años de las arcas nacionales habrán salido 2.9 billones de pesos sólo para el pago de intereses de ese débito.

Eso por la parte federal, pero el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (Cefp) de la Cámara de Diputados analizó el comportamiento de la llamada deuda subnacional (Obligaciones financieras de las entidades federativas de México al segundo trimestre de 2017), y de tal ejercicio se toman los siguientes pasajes.

Al segundo trimestre de 2017, el saldo de la deuda subnacional ascendió a 564 mil 224.5.millones de pesos, el cual se distribuye entre las entidades federativas de forma heterogénea, siendo las más endeudadas, en términos absolutos, la Ciudad de México, con casi 73 mil millones; Nuevo León, 66 mil; Chihuahua, 48 mil 500; Veracruz, 47 mil y estado de México, con 46 mil. Los cinco concentran la mitad (49.6 por ciento) de la deuda subnacional. En sentido opuesto, destaca Tlaxcala que no presenta endeudamiento, en tanto Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche y Querétaro han suscrito deuda por montos menores a 3 mil millones de pesos, muy por debajo del promedio de 17.6 mil millones.

El Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestra que el saldo de las obligaciones financieras inscritas se ha incrementado en 448 mil 006.1 millones en términos nominales en los pasados 15 años, al pasar de 116 mil 218.4 al cierre de 2002 a 564 mil 224.5 millones a junio de 2017. En términos reales (descontada la inflación) la tasa de incremento del saldo de la deuda subnacional se colocó en 143.6 por ciento.

En el caso de los saldos de la deuda por tipo de acreditado, al segundo trimestre de 2017 su composición contiene cuatro conceptos que mantienen obligaciones financieras: gobiernos de los estados, que constituyen un saldo de 478 mil 99 millones (84.8 por ciento del total); municipios, con obligaciones financieras por 46 mil 537.8 millones (8.2 por ciento); entes públicos estatales, que se ubican con una deuda de 33 mil 150 millones (5.9 por ciento); y entes públicos municipales, que reportan un saldo de deuda por 6 mil 438.3 millones (1.1 por ciento).

En el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2007 y el segundo trimestre de 2017, el saldo de la deuda municipal como porcentaje del total de las obligaciones financieras inscritas en el Registro Público Único se ha mantenido relativamente estable, presentándose su nivel máximo en el segundo trimestre de 2011 (12.1 por ciento) y su nivel mínimo en el primer trimestre de 2017 (8.2 por ciento).

Sin embargo, en el periodo de referencia el saldo de la deuda de los gobiernos de los estados pasó de 64.7 a 84.8 por ciento, incremento de 20.1 puntos porcentuales. Lo anterior en detrimento de los entes públicos estatales y municipales que cayeron 6.5 puntos porcentuales, al moverse de 13.5 a 7.1 por ciento. Hasta el tercer trimestre de 2010 se consideró otro concepto, referente a las obligaciones financieras no registradas, como fueron las emisiones bursátiles y los fideicomisos, que en su mayoría formaban parte de la deuda de los gobiernos estatales y que posteriormente se añadirán a ésta, exhibiendo un salto en su porcentaje de participación en el cuarto trimestre de 2010.

El monto de la deuda subnacional tiene una distribución por tipo de acreedor de la manera siguiente: la banca privada comprende 60.4 por ciento del total (341 mil millones de pesos, en números cerrados); la banca de desarrollo (del gobierno mexicano) 22.2 por ciento (poco más de 125 mil millones); las emisiones bursátiles 15.4 por ciento (87 mil millones); y otros conceptos, como fideicomisos, 2 por ciento (11 mil millones).

La composición de la deuda subnacional por tipo de acreedor se ha modificado en los pasados 10 años. Se observa que se ha favorecido el financiamiento con la banca privada y se ha reducido el endeudamiento con la banca de desarrollo (del gobierno mexicano). Esta última redujo su participación de 35 a 22.2 por ciento. En cambio, la banca privada pasó de 47.7 a 60.4 por ciento. Estados como San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Querétaro tienen contratada su deuda casi en su totalidad con la banca privada.

Las rebanadas del pastel

Los amigos y socios del norte (Videgaray-Guajardo dixit) regalan otro bombón al gobierno peñanietista: el secretario estadunidense de Comercio, Wilbur Ross, dijo ayer que su país buscaría introducir una cláusula que permita extinguir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a los cinco años, con el fin de establecer una revisión sistemática y regular del tratado comercial. Se necesita, porque las previsiones de exportaciones y empleo cuando el TLCAN entró en vigor en 1994 eran tremendamente optimistas y no cumplieron con las expectativas.

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