ay dos socavones que afectan de manera definitoria los esfuerzos del peñismo, que anda en busca de parecer realmente activo y eficaz ante el drama económico y social (sobre todo en Chiapas y Oaxaca) generado por el sismo de una semana atrás.

De poco sirve la presencia del ocupante de Los Pinos y de sus principales funcionarios si las finanzas públicas tienen enormes oquedades, derivadas de los menores ingresos, sobre todo a causa de las reformas estratégicas y particularmente la energética, y del criminal saqueo practicado por una nomenclatura altamente corrupta, que cercena porciones muy importantes del dinero público destinado a obras y servicios y que, finalmente, entrega a la población resultados de baja calidad y de estructuración peligrosa, como consecuencia de los famosos moches.

Barajando las mismas partidas presupuestales restringidas, como si pudiesen estirarse o multiplicarse de manera milagrosa, la administración peñista va por las zonas de desastre prometiendo reconstrucciones, edificaciones y paliativos que muy probablemente quedarán en una más de las promesas de un sexenio radicalmente incumplido, que ya está en su fase final, a punto de envolverse en el torbellino de lo electoral, lo cual le permitirá manipular censos, y el dinero que sí esté disponible, para apuntalar al priísmo y su aliado Verde y brincar, luego, de esa plataforma de uso electoral de recursos a la penosa etapa de la despedida sin gloria, ya sin tiempo para mayor cosa.

Peña Nieto maneja como mantra el tema del censo y, en los videos seleccionados para su difusión pública, siempre están bien atendidos los pobladores damnificados. Terrible resulta, además, que algunos de los principales operadores de los mecanismos de ayuda a la población sean personajes constantemente involucrados en escándalos de mal manejo de recursos públicos, como Rosario Robles, ahora secretaria de asuntos territoriales y urbanos, o Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, quien sigue en el cargo a pesar de las evidencias del mal manejo, cuando menos, del asunto del Paso Exprés de Cuernavaca.

Las caravanas políticas rumbo a zonas devastadas también han dado foro a los precandidatos autorizados, conforme al cuarteto dado a conocer por el vocero extraoficial del destape, el senador Emilio Gamboa. Dos figuras han recibido especial atención: José Antonio Meade Kuribreña, cuyo jefe político inmediato, Luis Videgaray Caso, se bate en salas y antesalas de la Casa Blanca (la de Washington) para demostrar a Donald Trump, y a su yerno ejecutivo, la suficiente adhesión o sumisión como para que ayuden a imponer al sucesor de Peña Nieto, en la persona del actual secretario de Hacienda.

La otra pieza bajo especiales reflectores es el secretario de tropezante educación personal, Aurelio Nuño (quien, a su expediente de pifias, como la de ler, agregó recientemente un tuit en el que escribió, o escribieron en nombre de él, itsmo, lo que luego fue borrado de las redes). Nuño parece ser el depositario de la máxima confianza personal de Peña Nieto y ha aprovechado a plenitud los escenarios de instalaciones educativas abatidas por el sismo para mostrarse como opción reconstructora a futuro.

En un segundo plano han deambulado Miguel Ángel Osorio Chong y José Narro. El secretario de Gobernación, reiteradamente desplazado del primer círculo de los afectos peñistas, se esfuerza para mantener cierta imagen de alto nivel, y el de Salud cumple con el libreto, a sabiendas de que todo lo que logre en estos escarceos es una ganancia extra, impensada hace meses.

En este otro socavón, el de la muy poca credibilidad de los altos funcionarios federales, y del propio Peña, son de advertirse los ingredientes para el enojo social, que va pasando de la espera de ayudas a la convicción de que simplemente se les sigue dando atole con el dedo de tres colores. El fondo del problema es políticamente estructural: los gobiernos federal y de los estados con más daño, Oaxaca y Chiapas, se han construido a partir de visiones clientelares, patrimonialistas y simuladoras. Manuel Velasco Coello, en Chiapas, y Alejandro Murat, en Oaxaca, son las expresiones de estilos de apropiación de los espacios políticos, sociales y presupuestales, conforme a lógicas de pandillas políticas.

Pero no sólo son ellos, en estos momentos. En la historia política de esas entidades se registra un desfile de personajes siempre dedicados al uso del dinero público para una eterna fiebre electoral, para el apaciguamiento social mediante el control pecuniario de líderes y para la continuidad de una misma clase política (aunque en cada sexenio bailen los que en el anterior estuvieron sentados), totalmente desligada de las reglas del buen gobierno y la sana administración.

Astillas

El gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares ha citado para este lunes al ex gobernador priísta Fidel Herrera Beltrán con la intención de que conozca el expediente en su contra y, de desearlo, rinda testimonio sobre irregularidades, presuntamente delictivas, relacionadas con falsificación de medicamentos. Múltiples puntos de peor oscuridad hubo durante la administración de Herrera Beltrán, pero el ex cónsul de México en Barcelona se mueve con absoluta soltura, ante lo cual la familia Yunes, volcada en sus planes electorales, necesita atajar desde ahora el eventual activismo tricolor del polémico ex mandatario…

El PRI confirmó que su compromiso con el Frente Ciudadano por México (¿iniciales de Felipe Calderón y Margarita?) solamente implica la cancelación del pase automático de Raúl Cervantes Andrade, de procurador a fiscal, pero no la cancelación del derecho de éste (y de Los Pinos) a incluirlo en la lista de aspirantes…

Y, mientras Gerardo Fernández Noroña ha informado al Instituto Nacional Electoral su determinación de no participar como candidato a la Presidencia de la República, por consideraciones negativas respecto al funcionamiento y respetabilidad de ese INE, ¡hasta mañana!

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