Al detectar nuevas irregularidades, ahora por un monto de 119 millones de pesos, en el otorgamiento de contratos que hiciera Petróleos Mexicanos a empresas filiales de la constructora Odebrecht, relacionados con obras en la refinería de Tula, Hidalgo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió otro procedimiento administrativo contra una de las compañías subsidiarias y un funcionario de Pemex Transformación Industrial.

La dependencia dio a conocer que estos nuevos elementos forman parte de las investigaciones que realiza desde diciembre de 2016 y por las que ya se habían abierto, en junio pasado, cuatro procedimientos administrativos en contra de dos empresas filiales y sus representaciones legales.

En este caso, la SFP señala que éstos se iniciaron respecto a la adjudicación, ejecución y cumplimiento de diversos contratos de obra pública suscritos por Pemex, empresa productiva del estado, con dicha constructora y sus filiales.

Esta es la segunda ocasión en la que la SFP anuncia investigaciones vinculadas a los contratos otorgados para obras públicas en la refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula. Las investigaciones comenzaron el 22 de diciembre pasado, poco después de que se conociera que la empresa Odebrecht, a la cual ya se le había detectado la práctica de entrega de sobornos en otros países de America Latina, también habría operado de la misma forma para la obtención de contratos en México entre 2010 y 2014.

Tanto en junio pasado, cuando abrieron los primeros cuatro procedimientos, como ahora, la SFP puntualiza que la apertura de los procedimientos sancionatorios no prejuzgan sobre la responsabilidad de las empresas involucradas ni el funcionario de Pemex Transformación Industrial involucrados en las pesquisas.

Sin embargo, en ninguna comunicación la SFP precisa el periodo en el cual se identificaron estas irregularidades en la entrega de los contratos –según las informaciones internacionales asociadas a las investigaciones en Brasil, en el caso mexicano el periodo abarcaría entre 2010 y 2014–, por lo que no se determina si las irregularidades detectadas corresponden al gobierno de Felipe Calderón o a la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto.

En agosto pasado trascendió parte de las declaraciones de altos funcionarios de la empresa realizadas en el desahogo de la causa penal en Brasil, las cuales señalaban que en México se habrían entregado sobornos por 10 millones de dólares al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, imputaciones que éste desmintió.