Policías federales y estatales de Baja California vulneraron las garantías fundamentales de un migrante hondureño perteneciente a la etnia garífuna, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades de ambos niveles de gobierno.

El organismo nacional documentó que la víctima –a quien se imputaban delitos relacionados con delincuencia organizada y contra la salud, así como faltas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos– fue detenida en 2009 y sometida a una retención prolongada, así como a la violación de su integridad física y sicológica.

De igual manera, la CNDH acreditó que el agente del Ministerio Público de la Federación cumplimentó indebidamente una solicitud de arraigo en instalaciones militares por un periodo de cinco días, ocasionando que el agraviado se encontrara en estado de indefensión e incomunicado. Tampoco le mencionó su derecho a la asistencia consular que como extranjero tenía. A pesar de los abusos y de las omisiones del Ministerio Público, el migrante fue procesado por los delitos que se le imputaban.

Tras concluir su investigación, la CNDH acreditó que fueron violados los derechos humanos del agraviado a la libertad, la integridad personal, la privacidad, el honor, la protección de datos personales, la legalidad y el acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia.

La recomendación está dirigida al gobernador de la entidad, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, y a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade.