n este México en el que las cosas malas no se cuentan, pero cuentan mucho, los mexicanos deberán enterarse de que en 2018 el gobierno peñanietista destinará más recursos al pago de la deuda pública que a muchos otros renglones prioritarios y que esa erogación –el grueso para el pago de intereses del débito– se aproximará a 664 mil millones de pesos (10.6 por ciento más que en 2017), un monto 2.4 veces superior al que en el próximo año se dirigirá a la Secretaría de Educación Pública, casi seis tantos mayor a la Secretaría de Salud, 6.2 a la Secretaría de Desarrollo Social o, ya entrados en gastos, 25 al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Entre otras (des) gracias, el sexenio de Enrique Peña Nieto ha practicado todo tipo de recortes, y los tijeretazos se han dirigido –con especial entusiasmo– a los sectores sociales y productivos (el caso de Petróleos Mexicanos ejemplifica tal proceder), pero nunca ha escatimado un solo centavo a la hora de pagar los intereses de una deuda pública que durante su estancia en Los Pinos creció vertiginosa y peligrosamente (alrededor de 10 puntos porcentuales del producto interno bruto hasta julio pasado), y ahora representa casi 50 por ciento del PIB.

A lo largo de los seis años (incluida la proyección para 2018) el saldo histórico de la deuda de deudas (los Requerimientos Financieros del Sector Público) se incrementó alrededor de 3.4 billones de pesos, o si se prefiere 60 por ciento con respecto al cierre de 2012, cuando el susodicho ya despachaba en la residencia oficial. Es decir, endeudó al país para pagar deuda, pero especialmente intereses de la misma.

Así, de cada peso o dólar de nueva deuda, de las arcas nacionales salieron 85 centavos para pagar los intereses generados por el saldo de dicho débito, y contando. Paralelamente, se dedicó a recortar, una y otra vez, los presupuestos productivos y sociales, a la par que la inversión pública iba en picada.

En 56 meses de gobierno (diciembre de 2012-julio de 2017) el saldo de la deuda pública se incrementó en alrededor de 3 billones 400 mil millones de pesos (hasta julio de 2017), a razón promedio diario de 2 mil 24 millones de pesos (casi 1.4 millones por minuto de estancia en Los Pinos), y en igual periodo de las arcas públicas salieron cerca de 2.9 billones de pesos para el pago de intereses, a razón promedio diario de mil 726 millones de pesos (1.2 millones por minuto).

Con base en las propias proyecciones de la Secretaría de Hacienda, en 2018 alrededor de 13 por ciento del Presupuesto de Egresos 2018 (que sumará 5.2 billones) se destinará al pago de intereses de la deuda pública hasta sumar (si tales estimaciones se cumplen) cerca de 664 mil millones de pesos, es decir, un monto 100 por ciento superior al pagado en el primer año del sexenio que movería a México.

En 2018, de acuerdo con el proyecto presupuestal que Hacienda presentó formalmente a la Cámara de Diputados (la única del Congreso que decide en la materia; el Senado no tiene vela en este entierro) la Secretaría de Educación Pública recibiría un presupuesto –en números cerrados– por 275 mil millones de pesos; Salud, 122 mil millones; Desarrollo Social, 106 mil millones; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 64 mil millones; Medio Ambiente, 37 mil millones; Conacyt, 27 mil millones, y Cultura, 12 mil millones.

Aun si suman los recursos que en 2018 conjuntamente recibirán esas sietes dependencias del Ejecutivo (643 mil millones de pesos), el presupuesto que se canalizará al pago de intereses de la deuda pública (664 mil millones) resulta mayor. Y lo mejor del caso es que el creciente endeudamiento no ha estimulado a la economía nacional para que salga del letargo de tres décadas y media, aunque ese fue el pretexto oficial para meter el acelerador a fondo en materia de contratación de débito público.

De hecho, en 2018 Petróleos Mexicanos, la empresa más importante del país, recibirá un presupuesto (con riesgo de que Hacienda se lo recorte) 25 por ciento menor al que se destinará al pago de los intereses de la deuda pública (503 mil contra 664 mil millones de pesos, respectivamente).

Y para la Comisión Federal de Electricidad, otra de las empresas productivas del Estado, la Secretaría de Hacienda propone un presupuesto de 412 mil millones de pesos, que resulta 38 por ciento inferior al que se destinará al pago de intereses de la deuda pública en el mismo año.

Con bombos y platillos un par de semanas atrás el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, anunció que al concluir el presente año el monto de la deuda pública total se reducirá a un nivel de entre 49 y 48 por ciento del producto interno bruto, y que tal disminución se ubicaría entre 300 mil y 400 mil millones de pesos.

Bien, entre 300 mil y 400 mil millones menos de deuda, pero sin considerar que a lo largo del sexenio peñanietista (hasta julio pasado) tal débito aumentó 3 billones 400 mil millones de pesos, es decir, un incremento cercano a 60 por ciento en el periodo, de tal suerte que reducción, lo que se llama reducción, pues ni de lejos. De cualquier suerte, y sólo en el mejor de los caso, la baja del saldo sería mucho menor al pago de intereses previsto para 2018.

Obvio es que con EPN no sólo aumentó vertiginosamente el saldo de la deuda pública, sino el pago de intereses, hasta sumar éste 2.9 billones de pesos (incluido el estimado para 2018). Y, por si hubiera duda, los números de la propia Secretaría de Hacienda lo dejan en claro: en 2013, primer año del México en movimiento, del erario nacional salieron 337 mil millones de pesos para cubrir tal concepto.

Año tras año ese monto se incrementó (a razón promedio anual de 16.2 por ciento) hasta alcanzar (estimado de Hacienda) 664 mil millones en 2018. Así, la bomba está a punto y la herencia para el siguiente sexenio resulta verdaderamente escalofriante.

Las rebanadas del pastel

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