Después de meses de operar en la incertidumbre, sin presupuesto ni oficinas, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) dispondrá el próximo año de 172 millones de pesos, 22 por ciento menos de lo proyectado.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, plantea lo anterior y también cuantifica por primera vez en 10 mil 399 millones de pesos el gasto destinado al combate a la corrupción, entre diversas instancias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos.

A finales de mayo, el nacimiento sin recursos del área que coordina el Sistema Nacional Anticorrupción provocó que la presidenta del Comité Ciudadano, Jacqueline Peschard, se quejara de que no contaban ni con una oficinita para laborar.

Esto no será problema en 2018; sin embargo, los 172 millones 90 mil pesos presupuestados para la Secretaría Ejecutiva del SNA son inferiores a los 222 millones de pesos presupuestados a finales de junio. Fue cuando se anunció que además contarían con 214 millones de pesos para concluir este año y poder conformar una estructura orgánica consistente en 117 personas.

Lo nuevo

La novedad del PEF es que además presenta un presupuesto global anticorrupción en un anexo nuevo, el número 20, denominado Recursos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos.

Diversas organizaciones civiles habían exigido transparentar los recursos federales etiquetados para este fin. De hecho, el mismo día que Peschard se quejó de esta falta de fondos fue cuando la organización Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, presentó un informe –financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos–, que cuantificaba en 7 mil 510 millones de pesos el gasto en este rubro en 2017.

El documento del PEF para 2018 indica que serán más de 10 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil 900 millones corresponden a los integrantes del Comité Coordinador del sistema.

La mayor parte es para la Auditoría Superior de la Federación, con 2 mil 230 millones de pesos, y el resto para la Procuraduría General de la República, 509.3 millones; la Secretaría de la Función Pública, 691.1 millones; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 33.9 millones, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 45 millones de pesos.

Los restantes 6 mil 417 millones de pesos corresponden a 53 dependencias, organismos autónomos o tribunales. Las cantidades más cuantiosas serán para actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno de las secretarías de la Defensa Nacional (912 millones de pesos), Hacienda y Crédito Público (878.1 millones), Agricultura (593 millones), Educación Pública (390.3 millones) y Salud (363.4), además de Petróleos Mexicanos (801 millones) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (238.4 millones de pesos).