e nueva cuenta, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, incluido en el Paquete Económico 2018, que fue sometido a consideración de la Cámara de Diputados, ratifica la voluntad gubernamental de mantener un modelo económico que incide de manera muy desfavorable en grandes sectores de la población, especialmente en los de menores ingresos. Cifra más, cifra menos, la propuesta presupuestaria del año próximo afirma la tendencia a poner más atención en el pago de la deuda pública, que en la inversión física indispensable para el crecimiento y el desarrollo.

El progresivo endeudamiento gubernamental –que comenzó en el pasado sexenio, pero se incrementó aceleradamente en el actual– se ha convertido en un problema que a esta altu- ra conspira claramente contra el buen manejo de las finanzas públicas. A la caída en picada de los precios del crudo y a la depreciación cambiaria que operó en contra de nuestra moneda, se le sumó el costo de recorrer un camino que a la larga sale caro: el de recurrir al financiamiento bancario para salvar obstáculos coyunturales, sin tomar en cuenta las tasas de interés impuestas por las instituciones crediticias, que invariablemente se mueven al alza y convierten el pago de la deuda en un proceso interminable.

La anterior no es una afirmación gratuita: durante el primer tercio del año, por ejemplo, los intereses sobre la deuda que el gobierno federal debió desembolsar fueron casi 38 por ciento más que los pagados durante el mismo periodo de 2016. Aumentaron los costos por el servicio de la deuda externa, se incrementaron todavía más los de la interna, el entorno financiero entró en lo que parece un incierto periodo de volatilidad y las autoridades hacendarias se vieron –se ven– en serios apuros para financiar el conjunto de la deuda.

La apuesta del gobierno, cada vez que presenta sus paquetes económicos, es a favor de un crecimiento de la economía que por distintas razones nunca alcanza el rango de lo previsto por Hacienda; y así, como si se tratara de la única solución posible, se cumple con el pago de la deuda a costa de recortar una y otra vez rubros que resultan urgentes atender y de escatimarle fondos a una inversión pública sin la cual difícilmente se generen empleos y se estimule la productividad. Pero lo que parece un ciclo determinado por factores que escapan al control del gobierno es, en realidad, la aplicación deliberada de una política que no prioriza (de hecho, a veces parece que ni siquiera toma en cuenta) las necesidades que apremian a la mayoría de los mexicanos.

En esa política se inscribe también la reducción de fondos que el Presupuesto de Egresos 2018 contempla para los organismos que deben regular la participación del sector privado en el área energética. Cuando más empieza a manifestarse la actividad de las empresas extranjeras en esa área, menos recursos se les entregan a las comisiones Nacional de Hidrocarburos y la Reguladora de Energía, que en teoría deben vigilar que las operaciones de dichas empresas se lleven a cabo de manera transparente. Si en un mercado sometido a las presiones de la liberalización (y ese es, precisamente, el caso del energético en nuestro país) no se ejercen cabalmente los mecanismos reguladores del mismo, no es raro que las grandes corporaciones involucradas aprovechen para obtener más beneficios de los que legalmente les corresponden. No se trata de un prejuicio contra la iniciativa privada, sino de una realidad constatable en todo el mundo.

Como sea, si no se restructura el gasto y se le da mayor preponderancia a la inversión pública para la ampliación y construcción de infraestructura, no se atacará uno de los problemas que contribuye a perpetuar la inadmisible desigualdad que prevalece en la sociedad mexicana.