De los 39 millones 200 mil niños registrados en el país, 8 por ciento son víctimas de inseguridad alimentaria severa y cuatro de cada 10 de maltrato, se expuso en el foro para el análisis de la iniciativa de armonización de las leyes General de Educación y General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organizado en la Cámara de Diputados.

A esas cifras se suman indicadores que en medio de las pugnas por el poder político-electoral de los partidos se ignoran supinamente: la tasa de suicidio es de 4.3 por cada 100 mil menores de entre 10 y 17 años, y ocho de cada 100 trabajan.

Hortensia Aragón Castillo (PRD), presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, puso de nuevo sobre la mesa los buenos deseos de algunos diputados para cambiar esas circunstancias. Con la armonización se pretende alcanzar que los niños se desarrollen de manera plena y segura en los planteles educativos, gozando de todos sus derechos.

En el encuentro, la representante priísta Adriana del Pilar Ortiz Lanz se sumó a la urgencia de legislar en torno a la explotación, el acoso y la violencia infantil. Es necesario aprobar esta iniciativa, que será punto de partida, pues hay más de 70 ordenamientos que requieren una reforma en este sentido. Se debe fortalecer la terminología, ya que dará los estándares mínimos y una visión sistémica que permite que todo el aparato educativo avance y las niñas, niños y adolescentes reciban una enseñanza de calidad.

En tanto, el panista Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República y ex gobernador de Guanajuato, explicó que la armonización es ir más allá de lo que ya existe en las leyes generales de Educación y de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se busca, dijo, analizar el régimen jurídico de las relaciones y cómo se hace real la vigencia de las garantías de los infantes. Consiste en realizar modificaciones buscando líneas comunes, pero, sobre todo, una nivelación jurídica muy significativa”.

Para el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Javier Treviño Cantú, ese sector de la población tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo, y este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. La SEP considera de gran utilidad y pertinencia, incorporar de manera complementaria y en beneficio de las niñas, niños y adolescentes dichas propuestas

Pressia Arifin-Cabo, representante adjunta del Fondo de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, alertó que cerca de 600 mil niños y adolescentes están en riesgo de salir del sistema educativo de manera prematura, por encontrarse en situaciones de rezago; por lo tanto, se tendrá que mejorar la calidad de la enseñanza y la profesionalización de los docentes de los niveles prescolar, básico y medio superior, consideró.

Si bien México invierte mucho en educación, el gasto anual por estudiante desde primaria hasta enseñanza superior es de 19 por ciento del PIB per cápita, y el segundo promedio más bajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. De acuerdo con el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes 2015, los menores del país no tienen las mismas competencias de sus pares en otras naciones.