De forma unánime y con el objeto de transparentar los casos de violaciones graves a los derechos humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral dar a conocer el número de familias de víctimas que han sido indemnizadas respecto de las ejecuciones ocurridas en el Rancho del Sol, en el municipio de Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015.

De igual forma deberá entregar la información sobre el número de personas indemnizadas, así como las que faltan de ser compensadas por las ejecuciones extrajudiciales –acreditadas en su momento por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– que se registraron en el enfrentamiento entre presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y miembros de la Policía Federal.

Según la comisionada ponente, Areli Cano, “el caso cobra relevancia, toda vez que da cuenta del deber del Estado de brindar una reparación íntegra a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos a través del fondo creado para tal propósito, en particular las relacionadas con el caso Tanhuato, en el cual el ombudsman nacional acreditó el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria y la privación de la vida de civiles”.

Cano señaló que el contexto legal deja claro que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe notificar al fondo las personas a indemnizar, por lo que no es dable la respuesta de que no son competentes para conocer sobre lo requerido, en razón de que es la instancia que opera la indemnización la que cuenta con la información.

En favor del sentido del proyecto, dijo que entre otros fundamentos para indemnizar a las víctimas de acciones de personal del Estado, Naciones Unidas determinó que la indemnización al otorgarse de forma apropiada y ser proporcional a la gravedad y a las circunstancias de cada caso por todas las afectaciones económicas evaluables, entre las que se encuentra el daño físico o mental, la pérdida de oportunidades y de ingresos, así como los daños materiales.

En la resolución aprobada se indica que “con datos publicados por este organismo, desde la apertura del fondo, efectuada a finales de 2014, al primer trimestre de 2017 se ha auxiliado a mil 141 víctimas, erogando un monto total de 222 millones de pesos.