En América Latina subsiste una alarmante situación de violencia y discriminación en perjuicio de las personas lésbico, gay, bisexual, trans e intersexual (LGBTI) por razones fundadas en su orientación sexual, identidad de género, manifestaciones o expresiones de ésta, afirmó Francisco Eguiguren Praeli, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la presentación del informe Violencia contra personas LGBTI en América, publicado en 2015 por la CIDH, resaltó la importancia de alarmar a la sociedad y al Estado sobre esta persistente y grave situación de vulneración a los derechos de estas personas, que se dan tanto en agresión física, llegando a asesinatos, hasta formas de discriminación que muchas veces se inician en el propio seno familiar, en distintos escenarios de la vida cotidiana. Muchas veces con la indiferencia, anuencia del Estado o una actitud social que más bien tiende a estigmatizar.

El informe, dijo, concluye que existe un contexto generalizado de discriminación social y de intolerancia respecto de la diversidad en términos de orientación, identidad, género o sexual.

Acerca de los asesinatos y crímenes, señaló que las principales víctimas son mujeres trans, y se aprecian altos grados de ensañamiento y crueldad, manifestaciones claramente de odio.

Lamentó la falta de estadísticas oficiales sobre estos actos de violencia, lo cual invisibiliza muchos dentro del registro global de estos hechos, estas agresiones, los cuales, si se acompaña con poca acogida de denuncias en instancias judiciales o de investigación fiscal y judicial de procesamiento y sanción a los responsables, se va generando un alarmante clima de impunidad.

Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, destacó los avances del gobierno mexicano para atender la problemática de las personas LGBTI, que van desde acciones dirigidas a la procuración de justicia hasta servicios de salud e información estadística.

Alejandro Brito, de Letra S, dijo que el informe suple en parte la omisión de los estados de registrar los actos de violencia, y agregó que en la región se ha fallado en prevenirlos y sancionarlos.