Río de Janeiro.

La policía irrumpió en la casa del jefe de los Juegos Olímpicos de Río 2016, Carlos Arthur Nuzman, a quien acusa de gestionar un esquema para sobornar a miembros del Comité Olímpi- co Internacional (COI) para llevar la competencia mundial a Río de Janeiro con el respaldo del ex gobernador del estado.

Un juez federal ordenó la confiscación del pasaporte de Nuzman, presidente del Comité Olímpico Brasileño desde 1995, fue interrogado sobre un supuesto pago de 2 millones de dólares a cambio del voto del senega- lés Lamine Diack, ex presiden- te de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés).

La Operación unfair play (Juego desleal) fue revelada ayer por las autoridades de la fiscalía, la policía y la hacienda brasileñas, que con la cooperación de Francia siguen la pista al pa-go de sobornos para la adjudicación de los Juegos a Río y ejecutaron 11 mandatos de prisión.

Nuzman, una de las figuras más importantes en la organización de los Juegos de Río, fue llevado por la policía federal a declarar y, aunque no está formalmente arrestado, su pasaporte fue decomisado, así como decenas de documentos hallados en su casa, donde el ex jugador de voleibol tenía 480 mil reales (150 mil dólares) en efectivo.

El Ministerio Público también pidió el embargo de un billón de reales (300 millones de dólares) del patrimonio de Nuzman, en un caso que, de nuevo, es un desdoblamiento de la Operación Lava Jato, que destapó desde 2014 el pago de cientos de millones de dólares a políticos y partidos por parte de empresarios.

Fiscales brasileños dijeron que la evidencia mostró una conspiración criminal encabezada por el ex alcalde de Río de Janeiro, Sergio Cabral, quien se encuentra en prisión por participar en una trama de corrupción local. Presuntamente aceptó 15 millones de reales (5 millones de dólares) para facilitar la construcción de proyectos relacionados con la justa. Es uno de los involucrados con el gigante de la construcción Odebrecht.

La construcción de una docena de estadios para el Mundial de 2014 y los Juegos de Río 2016 están bajo investigación judicial, salpicados por el escándalo de corrupción Lava Jato, sobre sobornos en Petrobras.

El empresario Arthur Soares, conocido como Rey Arturo, uno de los principales contratistas del gobierno de Cabral, habría sido el encargado de efectuar el pago de los 2 millones tres días antes del voto del COI en Copenhague, en octubre de 2009, cuando Río se impuso a Chicago, Madrid y Tokio.

Las autoridades solicitaron a Interpol la orden de captura de Soares, residente en Miami, mientras una asociada del empresario, Eliane Pereira Cavalcante, fue detenida en el operativo.

La fiscal Fabiana Schneider destacó que lo más sorprendente era que Río hubiese ganado como sede aún siendo el peor candidato. Los Juegos Olímpicos fueron utilizados como un enorme trampolín para la corrupción, dijo Schneider.