Ex integrantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que participaron en 2009 en otro núcleo de vigilancia e intervención telefónica en el estado de México se convirtieron en los principales operadores del centro de espionaje que aún sirve al ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle. Éstos, además de utilizar el programa Galileo (que inserta códigos maliciosos en los teléfonos), también adquieren por 100 mil pesos chips clonados que les dan acceso inmediato a todo el contenido de los llamados teléfonos inteligentes de sus objetivos más importantes.

El centro de espionaje que ya fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR), desde el cual entre 2013 y este año se intervinieron más de 30 mil llamadas telefónicas de personajes políticos como el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tiene como objetivo principal hurgar en la basura, como llamamos en las áreas de seguridad nacional a la obtención de información sensible de cada persona (sus gustos, sus secretos, sus vinculaciones y hasta preferencias sexuales, es decir, sus debilidades), y con ello obtener elementos para hacerlos vulnerables, declaró Rodolfo Raúl González Vázquez, ex agente del Cisen.

En entrevista con La Jornada, el ex funcionario federal y ex integrante del grupo de vigilancia reveló que los líderes del centro de espionaje –que cuenta con al menos cuatro nidos o sitios de operación, uno de ellos en la Ciudad de México– trabajaron con Luis Miguel Dena Escalera, quien fue delegado del Cisen en la capital del país, así como en Chiapas y el estado de México.

Dena Escalera fue el jefe operativo de otro núcleo clandestino de escucha y seguimiento que presuntamente sirvió al gobierno del estado de México entre 2006 y 2008, y desde el cual se espió a personajes como el entonces director de Canal 11, Fernando Arturo Sariñana, y a Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional.

Dena Escalera fue sentenciado por el juez Fernando Córdova del Valle a seis años de prisión y al pago de una multa de 15 mil 171 pesos al acreditarse su responsabilidad en el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas.

González Vázquez señaló que el recientemente fallecido Joaquín Arenal Romero –quien llegó a desempeñarse de subdirector de contrainteligencia en el Cisen y fue uno de los hombres que junto con Dena Escalera montaron el centro de espionaje en el estado de México– se encargó de seleccionar a los ex integrantes del Cisen que forman parte del grupo que opera para Rafael Moreno Valle.

“Joaquín Arenal comenzó a buscar gente que hubiera estado en el Cisen. A Roberto Flores Acosta –quien actualmente encabeza las actividades de espionaje para Moreno Valle– lo conoce desde la época de los 90, cuando Joaquín estuvo en Puebla como delegado. Otros son Fidencio Domínguez Huerta, Angélica Ramírez Lezama o Lezama Ramírez, no recuerdo bien.

Los antecedentes: el CAP

“Asimismo, José Antonio Celorio Mansi, este último es el encargado de la operación del programa Galileo. Él trabajó en el Centro de Análisis y Prospectiva (CAP), que fue el primer ente oficial que operaba dentro de un marco jurídico creado en 2011 por el gobierno de Puebla, el cual intentó que operara como centro de información para la toma de decisiones y garantizara la gobernabilidad de la entidad, y se creara también la agenda de riesgos”, explicó González Vázquez, quien se convirtió en denunciante del caso ante la PGR.

Celorio Mansi –según documentos de Wikileaks– fue quien adquirió el sistema Galileo por medio de la empresa Hacking Team el 25 de septiembre de 2013.

El proyecto del CAP fracasó debido a filtraciones en redes sociales sobre el trabajo que estaba realizando y se creó el centro de espionaje, el cual no solamente opera con grupos dedicados a la escucha de personajes políticos poblanos y de importancia nacional, sino también de empresarios y personas de interés social en Puebla, aseguró el ex integrante del Cisen.

Aseguró que además del primer círculo que se dedica a la intervención telefónica –cuyos integrantes cobran entre 15 y 30 mil pesos, la mayor parte en efectivo, y como apoyo extra algunos familiares fueron integrados a la nómina del gobierno poblano para tener prestaciones de seguridad social–, existen grupos que se encargan de la vigilancia directa de los objetivos.

El grupo de espionaje está integrado por al menos 30 personas, pero además existen grupos externos que están en una labor francamente criminal, ya que se les encarga que ubiquen a personas de su interés para que se les dé cuello o piso. Mencionó a dos ex colaboradores del grupo de espionaje que se encuentran escondidos por temor a ser objetos de una agresión.

González Vázquez conoció el caso de Anwar Salomón Briseño, empresario poblano en contra de quien existe la orden de levantarlo (secuestro sin intención de pedir rescate) por considerar que él conocía las actividades del grupo de espionaje y habría filtrado a medios de comunicación algunas grabaciones realizadas ilegalmente.

Salomón es socio de Fernando Manzanilla Prieto, cuñado de Moreno Valle, y presuntamente la presión contra el empresario se relaciona también con la posibilidad de que Manzanilla se lance como candidato a la gubernatura poblana en 2018, y Moreno Valle busca impedírselo.

La lista de objetivos de las actividades de espionaje es integrada por 11 personas, entre ellos Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores; Ricardo Anaya Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional; el actual gobernador de Puebla, Antonio Gali, y Antoinette Chedraui de Aguilar, mencionada como posible candidata a la alcaldía de Puebla en los próximos comicios y madre del secretario de Salud de esa entidad.