Al confirmarse las irregularidades detectadas en el arrendamiento de mil 965 vehículos en contrato multianual por 935.4 millones de pesos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), la contraloría interna presentó una denuncia de hechos para deslindar responsabilidades. El contrato del servicio integral para arrendar y administrar el parque vehicular ha implicado un elevado costo para el INE, derivado de precios altos por unidad y por servicios adicionales que no han sido plenamente utilizados.

En su informe anual de gestión que conocerá hoy el Consejo General –que la semana pasada aprobó solicitar una partida histórica de 25 mil millones de pesos para 2018–, la contraloría interna advierte la persistencia de tendencias a solicitar mayores recursos de los que se necesitan, por lo que subraya lo urgente que es que el INE establezca con mesura los requerimientos presupuestales que presenta anualmente para autorización; tome acciones eficaces para avanzar correcta y ordenadamente en los calendarios presupuestales y de adquisiciones y revierta la inercia histórica presentada en materia de ejercicio de recursos.

La contraloría enfatiza en la contratación de un número mayor de plazas de las que realmente son necesarias y demanda al INE hacer una revisión rigurosa de la dimensión que deben tener las estructuras de las unidades responsables, establezcan sus necesidades reales y garanticen la administración de los recursos públicos federales asignados para ese fin cumplan con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad.

El exhorto se basa en que el INE mostró tener excedentes en su disponibilidad financiera al punto que tuvo la capacidad –di­ce la contraloría– que en 2016 pudo sufragar el costo total de la elección de la Asamblea Constituyente que ascendió a 427.9 millones de pesos, cuyos recursos no fueron originalmente considerados en su presupuesto, pero cuyo ejercicio extraordinario que hizo el INE no afectó sus funciones sustantivas.

Al exhibir el dispendio del INE en sus gastos la contraloría refiere: en 2017 el INE adquirió 13 mil chalecos para supervisores y capacitadores electorales en comicios locales, pero sólo contrató a 7 mil 756, eso es, un pago de 2.2 millones de pesos de bienes que no utilizó.

Entre los casos de ejercicio del gasto de forma irracional, el más grave es el contrato con la empresa Jet Van Car Rental: derivado del análisis exhaustivo realizado durante el periodo otorgado para dar seguimiento a la implementación de las acciones emitidas se confirmó la existencia de irregularidades vinculadas con hechos, actos y omisiones en las que presuntamente incurrieron servidores del INE, motivo por el cual se formalizó la presentación, ante la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos, de una denuncia de hechos para proceder en apego a la norma.

Aun cuando se reporta que el INE reclamó al proveedor el cumplimiento de diversas condiciones, subsiste el problema de fondo: el precio pactado al inicio del contrato no garantizó las mejores condiciones para el INE, por lo que el Órgano Interno de Control se encuentra valorando las irregularidades manifiestas.

En el rubro de adquisiciones, el órgano destaca que más de 40 por ciento de las mismas se realizan con contratos firmados el último trimestre del año, lo que con frecuencia exponen al INE a incumplimientos por parte de los proveedores y servidores públicos, hacen cuestionable la justificación real para obtener los bienes y servicios adquiridos y hacen discutible el uso o beneficio obtenido en favor del instituto.

El informe documenta el desfasamiento entre la aprobación de inversiones y su ejercicio como es el caso del Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE en el que se advierte que el tiempo que transcurre entre que un proyecto es aprobado hasta que se inicia su implementación llega a ser de más de dos años, por lo que esos recursos no son aprovechados de manera ­pertinente.