En el sexenio actual el poder adquisitivo del salario mínimo general creció 11.92 por ciento, el incremento más alto para un periodo similar en los pasados siete gobiernos, es decir, en los 41 años anteriores, según datos del quinto Informe de gobierno.

Lo anterior obedeció a la fijación de un solo salario mínimo para todo el país; la desindexación del salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza; y la creación del Monto Independiente de Recuperación, con el que el mínimo llegó a 80 pesos diarios en enero de este año.

De acuerdo con el Informe, el consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) innovó la forma para determinar el monto del salario mínimo general que entró en vigor a partir del primero de enero de este año, al fijar los salarios mínimos general y profesionales determinando para su aplicación una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Así, el primero de diciembre del año pasado el consejo determinó que el salario mínimo general sería de 80.04 pesos diarios como cantidad mínima que deberían recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo a partir de enero.

El monto estuvo integrado por el salario mínimo general vigente en 2016 (que era de 73.04 pesos diarios), más el Monto Independiente de Recuperación, que fue de cuatro pesos diarios y cuyo propósito fue hacer posible que se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados que perciben un salario mínimo general y el incremento de 3.9 por ciento sobre la suma de los dos componentes anteriores (tres pesos diarios).

Así, el informe asegura que de enero a junio de 2017, el salario mínimo general acumuló un incremento en su poder adquisitivo de 6.21 por ciento, mientras que del primero de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, el alza real fue de 3.64 por ciento.

En el apartado destinado al empleo, el quinto Informe de gobierno de Peña Nieto señala que la tasa de informalidad laboral, donde se contabiliza a las personas que están empleadas en alguna actividad pero no reciben ninguna prestación laboral, como es el caso de los trabajadores agrícolas, se logró reducir en 3.1 puntos porcentuales, aunque sigue abarcando más de la mitad de la población.

Detalla que como resultado de los convenios de coordinación para la ejecución de acciones en materia de formalización del empleo dicha tasa pasó de 59.6 por ciento al inicio del sexenio –cuarto trimestre de 2012– a 56.5 por ciento en el segundo trimestre de 2017, lo que se tradujo en más de medio millón de puestos de trabajo formalizados.

El informe agrega que en dicho esfuerzo conjunto, participan la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los gobiernos de las entidades federativas y el Instituto Mexicano del Seguro Social, al promover el respeto de los derechos humanos, laborales y de seguridad social, con acciones como la suscripción de los convenios firmados en julio de 2013 y refrendados en mayo de 2016.