El robo de combustibles se ha convertido en un problema de seguridad nacional, con gran impacto en las finanzas públicas, advierte Petróleos Mexicanos (Pemex) en un documento enviado a la Comisión Permanente,

Detalla que dio inicio a procesos administrativos contra 48 de sus trabajadores involucrados en el saqueo de ductos, además de rescindir el contrato a 11 gasolineras y revisar los casos de 13 más, que comercializaron los hidrocarburos sustraídos ilegalmente.

Destaca que se trata de un problema complejo que trasciende su competencia, y para combatirlo requiere de la estrecha colaboración de los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno. Al Congreso le demanda un marco legal que permita endurecer las penas.

Señala que mediante tomas clandestinas se han robado 12 millones 487 mil barriles de gasolinas, y el valor estimado de las pérdidas por la extracción ilegal de combustible en los pasados tres años es de 20 mil millones de pesos, a los que se suman 4 mil 234 millones que debió erogar entre 2010 y 2016 por la reparación de ductos.

En el escrito, con el que responde a una solicitud de información de la Comisión Permanente, resalta que en promedio ha ido disminuyendo el volumen de combustibles sustraídos por los huachicoleros, debido a la estrategia que el gobierno federal puso en marcha de 2016 a la fecha, en la que se conformó un grupo interinstitucional con la participación de la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de la Defensa, Marina, Energía y Hacienda.

Las acciones del grupo se llevan a cabo en las regiones donde se ubican los tramos de ductos con el mayor número de tomas clandestinas, como es el caso del de Minatitlán-México, de 594 kilómetros, que recorre Veracruz, Puebla Tlaxcala, estado de México y Ciudad de México. Ahí se encuentra el llamado triángulo rojo, que abarca municipios poblanos donde se da el mayor saqueo de hidrocarburos de Pemex.

Con base en información de la Secretaría de Hacienda, Pemex presentó las denuncias contra estaciones de servicio que venden el combustible de procedencia ilícita y durante el primer semestre de este año empezó 24 procesos para rescindir el contrato a gasolineras. Ya los canceló a 11 de éstas. Asimismo, informó, de enero a junio se aseguraron 898 vehículos dedicados a ese comercio ilegal.

En su informe, Pemex aclara que ni la empresa ni el sindicato petrolero están involucrados, como instituciones, en el hurto de combustible, pero sí trabajadores en lo individual. Hasta el pasado 18 de julio se habían empezado 43 procesos administrativos, en los que están involucrados 48 servidores públicos.

Pemex precisa que a la fecha se han presentado 20 mil 868 denuncias ante la PGR por robo de combustibles. El mayor número de ellas –5 mil 261– se concentró en 2015 y el menor en 2012, con mil 874 averiguaciones.

En 2016, precisa, logró recuperar 13.1 millones de litros de hidrocarburos; las acciones puestas en marcha empiezan a dar resultados positivos, pero se requiere fortalecer las de prevención y combate de ese delito.

Insistió en que se requiere un frente común, en el que “el Poder Legislativo es el actor principal para contar con un marco legal que permita eliminar los incentivos para la comisión de ese acto ilícito.