Especialistas en derechos humanos y académicos universitarios alertaron ante la posibilidad de que en el inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados intenten dar un albazo y otorguen pase automático al actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, para que sea nombrado como nuevo fiscal general.

En entrevistas por separado, José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; José Javier Romero, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, y Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, indicaron que ese nombramiento mandaría un mensaje de impunidad.

Los expertos –cuyas organizaciones se han sumado al movimiento #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, que conjunta a casi 300 grupos empresariales, colectivos civiles y miembros de la academia de las más diversas posiciones– señalaron que el proceso de designación del nuevo fiscal debe ser transparente, contar con la participación de la sociedad civil y atender sus propuestas.

El problema de la impunidad en el país, de la corrupción y de las graves violaciones a derechos humanos se debe a que la PGR y sus titulares han tenido una total dependencia del Ejecutivo federal y del partido del que provenga el Presidente de la República. Cervantes es amigo de Enrique Peña Nieto, son muy cercanos, por lo que no tendría ninguna independencia para indagar en los posibles delitos que se haya cometido durante su administración, aseveró Guevara.

Para contar con una fiscalía general –aprobada en la reforma constitucional de 2014– independiente, autónoma y profesional, dijo, se requiere que su titular sea designado mediante un proceso que asegure a la ciudadanía que se elegirá a la persona idónea para el puesto. Romero expresó que si los senadores aprueban la llegada directa de Cervantes matan de entrada a la nueva fiscalía. Nacería heredando toda la estructura de la PGR. Nombrar a un cuadro político del PRI, muy cercano al Presidente, echaría abajo la reforma de 2014.

El universitario dijo que la PGR ha sido el brazo político del Ejecutivo que protege a los leales y disciplinados con el régimen y persigue a los que no lo son.

Cortez indicó que la coalición plural que conforma el movimiento #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva ve un riesgo de que el tránsito de la PGR a fiscalía general termine siendo más una simulación.