l ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) y actual secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), Tomás Zerón de Lucio, afirmó ayer que no existen indicios que modifiquen la llamada verdad histórica sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014, a las afueras de Iguala, Guerrero. De acuerdo con Zerón, las más de 800 búsquedas realizadas en el caso no han aportado ningún elemento que contradiga el relato según el cual los normalistas fueron levantados por elementos del crimen organizado, asesinados en incinerados entre esa misma noche y la madrugada siguiente en un basurero del municipio de Cocula.

Por otra parte, no es la primera vez que el funcionario sostiene la inamovilidad de la investigación de la cual es corresponsable por su labor al frente de la AIC. En abril de este año, al ser entrevistado manifestó que avala al 100 por ciento la versión presentada por el ex procurador Jesús Murillo Karam y que ésta no va a cambiar en nada, hagamos lo que hagamos sobre ese tema. La investigación va a seguir exactamente igual.

Ante el hecho de que el propio Zerón de Lucio tiene un expediente abierto en el órgano de control interno de la PGR por las diligencias irregulares durante las cuales contaminó la escena en la que presuntamente fueron incinerados los estudiantes, no cabe calificar sus declaraciones, sino como una expresión del más grosero cinismo y una nueva escalada en el historial de agravios contra las víctimas y sus familiares que, comenzando por la negativa inicial a conocer del caso, ha supuesto el manejo gubernamental del más emblemático evento de desaparición forzada ocurrido en la historia reciente de nuestro país.

Es también de una insolencia inaceptable sostener que no existen indicios para modificar la versión oficial cuando ésta se encuentra por completo desacreditada por un cúmulo de evidencias, entre las cuales las más demoledoras son la mencionada participación de Zerón en diligencias no autorizadas, documentada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta ahora no desmentida por la PGR; el reconocimiento por directivos de la misma procuraduría de que su línea de investigación se desprende de testimonios obtenidos bajo tortura, y la imposibilidad física de que los estudiantes fueran incinerados en Cocula, demostrada de manera fehaciente por especialistas nacionales y extranjeros.

Si los padres de los normalistas desaparecidos, su entorno social de apoyo y vastos sectores ciudadanos ya percibían como una burla la continuidad de Tomás Zerón de Lucio en puestos clave de la administración federal, su ligereza declarativa constituye la demolición del más elemental decoro institucional, y genera dudas aún mayores sobre el compromiso de las autoridades con el esclarecimiento de esta tragedia, que cumplirá ya tres años sin respuesta.