Ante la pasividad del resto de las instituciones que integran el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la promoción de amparos por parte del Comité de Participación Ciudadana (CPC) contra las omisiones legislativas de los congresos estatales para conformar los sistemas locales reflejan un contraste de intereses, pues pugnan realmente por echar a andar el entramado institucional para combatir la corrupción, advirtieron especialistas.

Durante el foro Defensa del Sistema Nacional Anticorrupción, organizado por la Universidad Iberoamericana, Ricardo Ortega, jurista de la UNAM, aseveró que en la actuación de la clase política, que ha impedido la conformación integral del SNA, más que negligencia, lo que se refleja es una resistencia. Subrayó que no sólo se trata de omisiones en el ámbito estatal; en el plano nacional, el Senado ha incumplido con obligaciones centrales: la designación del fiscal anticorrupción y de los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Para Ortega, la decisión del CPC refleja una pretensión ciudadana de que exista un contrapeso social ante el incumplimiento de las obligaciones legislativas. Para el especialista, esto busca garantizar que realmente el SNA se convierta en un control democrático de los excesos de la clase política, bajo la premisa básica de que el derecho acota su actuación, que para el caso se traduciría en obligarla a que asuma un combate real a la corrupción.

Alfonso Pérez Cuéllar, especialista de la Universidad Iberoamericana, destacó que las reacciones desatadas ante el de-sacato a plazos constitucionales para crear los sistemas estatales revelan una confrontación de intereses: mientras las instituciones como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el propio TFJA, han sido pasivos, sólo el CPC, que es la única expresión ciudadana en el seno del SNA, ha denunciado por la vía judicial el incumplimiento.

De acuerdo con Pérez Cuéllar eso sólo revela que existe la intención ciudadana para combatir la corrupción, en tanto que las instituciones hacen patente que su interés está en otro lado, a pesar de que hay implícita una omisión grave en detrimento de la demanda social. Si bien los amparos han sido admitidos, aún podrían ser sobreseídos, pero con independencia de ello, a lo que obliga la acción legal del CPC es a que las autoridades que han incumplido rindan un informe justificado de las razones por las cuales no han legislado, lo cual, en cualquier caso, será una obligada rendición de cuentas.

Ana Elena Fierro, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, destacó que este escenario de defender el SNA por la vía judicial, abierta por el CPC, se originó en el de- sa cato de19 estados y la ciudad de México, que no han aprobado las leyes en la materia.