n materia de seguridad, nada como culpar al gobierno federal, no importa si se trata de las consecuencias de la fallida guerra contra el narcotráfico o del aumento de los delitos del fuero común; qué más da si se habla del incremento de los homicidios dolosos o del robo a casa habitación: los gobiernos estatales y municipales no pierden la oportunidad de echar la bolita a la administración central, ya sea porque no apoya con recursos humanos suficientes o por los siempre escasos fondos para mejorar las policías.

Aguascalientes no ha sido la excepción. Tanto el gobernador Martín Orozco Sandoval como la alcaldesa de la capital, María Teresa Jiménez, se lavan las manos ante la creciente percepción de inseguridad. En el caso del gobierno estatal, luego de ocho meses, los panistas no han logrado pasar del modelo de mando único heredado por los priístas –y del que tanto se quejaron en campaña– al de mando mixto. Es evidente la falta de pericia para lograr acuerdos y coordinación, a tal grado que resulta una revelación periodística que sea Orozco Sandoval quien nombró a todos los jefes de policía municipales, pero al asumir la responsabilidad, el gobernador simplemente levanta los hombros e indica que los alcaldes pueden destituir a los encargados.

En el caso del jefe de la policía municipal de Aguascalientes, recientemente recibió una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por tortura, tras el enfrentamiento de agentes con estudiantes normalistas de Michoacán que estuvieron en Aguascalientes para apoyar a las alumnas de Cañada Honda. Ante este reprobable hecho, la alcaldesa también se alzó de hombros y declaró que nadie tiene seguro su puesto en la administración, pero en los hechos su apoyo al mando policial es tal que permite que no rinda cuentas ante el cabildo o el Congreso. Peor aún, en una reciente reunión de alcaldes panistas, María Teresa Jiménez se deslindó del incremento de la inseguridad, culpó a los invasores de predios, denostó al nuevo sistema penal acusatorio y pidió que se militarice la entidad para resolver el problema.

Así son los gobiernos panistas: afectados por un conveniente olvido de sus responsabilidades, niegan incluso el 115 constitucional y sacrifican la autonomía que sea necesaria en aras de la imagen personal.

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