Tepic, Nay.

Integrantes del grupo civil Comisión de la Verdad presentaron ayer más documentos a la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del gobernador Roberto Sandoval Castañeda, a quien acusan de enriquecimiento inexplicable.

El pasado 17 de abril presentaron la primera denuncia contra el mandatario saliente, sustentada con notas periodísticas que muestran a Sandoval Castañeda en su rancho con caballos.

En esa ocasión la organización civil tuvo el apoyo del entonces aspirante panista a diputado local Leopoldo Domínguez, hoy presidente del Congreso estatal, y del legislador federal perredista Guadalupe Acosta Naranjo.

Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad, explicó que ayer pidieron ante la delegación de la PGR agilizar las indagatorias contra el gobernador priísta y ampliarlas a otros estados porque hay funcionarios y otras personas que presumiblemente son prestanombres. Planteamos que sean investigados también.

Precisó que podría haber más de 30 involucrados que habrían ayudado al mandatario a comprar inmuebles en otras partes del país. Sin embargo, González Barrios se reservó la identidad de los involucrados hasta que la PGR sustente las acusaciones.

El vocero de la organización civil acudió acompañado del poeta Octavio Campa y de la ex senadora Flavia Ureña Acosta, además de los abogados que presentaron las denuncias.

Dijo también que entregarán algunas escrituras que acreditan compras irregulares de propiedades por presuntos prestanombres.

El pasado 22 de junio la PGR se declaró incompetente para atender el asunto expuesto en la carpeta FED/NAY/TEP/0000161/2017, que fue remitida a la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delitos Federales.

La comisión también ha reunido 400 expedientes sustentados y 200 más están en proceso; asimismo ha dado cuenta de despojos en los que habría estado involucrado el ex fiscal Édgar Veytia, preso desde el 27 de marzo en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

A Veytia se le ha relacionado con notarios públicos de Nayarit, quienes habrían ayudado al ex funcionario a arrebatar bienes a ciudadanos nayaritas mediante violencia y amenazas.

Los afectados han solicitado al Congreso estatal formar una comisión de legisladores para atender este caso antes de que autoridades estadunidenses embarguen bienes a Veytia por 250 millones de dólares.