La norma que emitirá el Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar que en 2018 se haga un uso electorero de los programas sociales ‘‘no es totalmente nueva, pero es más robusta’’, admitió el consejero Jaime Rivera en relación con las pocas novedades contenidas en la primera versión del documento con respecto a seis acuerdos emitidos desde 2015.

Del texto de 54 páginas analizado por los consejeros el sábado pasado –que La Jornada publicó ayer– hay un par de aspectos nuevos. El primero es una propuesta para adelantar la prohibición de entregas de beneficios en actos masivos desde las precampañas, cuando este año se hizo hasta el inicio de las campañas una vez que desató la polémica por las ceremonias realizadas en el estado de México por el gobierno federal y el gobernador Eruviel Ávila Villegas.

También se contempla que antes de las precampañas el INE elabore una especie de catálogo de programas oficiales con información proporcionada por los gobiernos federal y estatales para evitar que se entreguen beneficios de otros creados en el transcurso del proceso electoral.

El consejero Rivera explicó que el instituto busca conocer los programas sociales aprobados por la Federación y por los estados, así como sus reglas de operación, pero ‘‘eso no quiere decir que los va a supervisar’’.

Su colega José Roberto Ruiz Saldaña aclaró que esta información dará elementos al INE para atender quejas relacionadas con el posible uso indebido de dichos programas o para iniciar una investigación por su cuenta.

Rivera insistió en que el instituto no es autoridad competente para emitir normas relacionadas con el funcionamiento de los programas sociales. ‘‘No somos autoridad de la Secretaría de la Función Pública ni de las auditorías estatales’’.

Frente a esas limitaciones legales, indicó que el instituto buscará ampliar el número de supuestos que permitan investigar denuncias sobre un uso indebido de los programas sociales.

Al insistirle que el acuerdo repite muchos aspectos de los que ya funcionaron desde las elecciones intermedias de 2015 y en las de este año, respondió: ‘‘Es un refrendo de una posición del INE’’.

El título del documento indica que el instituto ejercerá su facultad de atracción para emitir las normas relativas al uso de programas sociales, así como la observancia de los principios de equidad e imparcialidad previstos en el artículo 134 constitucional durante los procesos electorales 2017-2018. Sin embargo, el sábado los consejeros acordaron modificar su nombre, procesarlo más y dividirlo en dos. Por un lado, emitirán las reglas sobre el uso de programas sociales durante el proceso electoral y por otro regularán el artículo 134 constitucional, el cual prohíbe a los servidores públicos hacer propaganda personalizada.

Al preguntarle a Rivera si pondrán freno al millonario gasto que realizan los gobiernos en comunicación social durante los procesos electorales, dijo que se reitera la suspensión de su difusión en las campañas. ‘‘Hacemos lo que nos ordena la ley y no podemos hacer más de lo que nos ordena’’.