Toluca, Méx.

Jueces y magistrados del Poder Judicial del estado de México promovieron amparos contra resoluciones del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la entidad (Infoem), que ordenó dar a conocer sus recibos de nómina, por ser documentos públicos de oficio.

Los promotores argumentaron que los recibos contienen datos personales de carácter privado que no pueden ser revelados, por lo cual solicitaron mediante amparo indirecto dejar sin efecto la resolución del Infoem.

Estos servidores públicos son los que tienen los ingresos más elevados en el estado. De acuerdo con la plataforma de transparencia del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza, percibe más de 350 mil pesos al mes. Su salario neto es de 195 mil 525 pesos mensuales, más una compensación de 67 mil 203 pesos y una gratificación de 107 mil 206.

Un magistrado del Poder Judicial tiene un salario mensual neto de 136 mil 370 pesos, más una compensación de 22 mil 134 y una gratificación de 85 mil 64 pesos, para un total de 243 mil 558 pesos al mes. En tanto, un juez de primera instancia gana 71 mil 596 pesos netos de salario, más 48 mil 677 de gratificación, que suman 120 mil pesos.

El gobernador Eruviel Ávila Villegas recibe ingresos netos apenas mayores a 150 mil pesos al mes, y los de un diputado local alcanzan 130 mil pesos.

Magistrados y jueces promovieron los amparos de manera individual, pues como sujeto obligado de la Ley de Transparencia, el Poder Judicial no puede recurrir las resoluciones del Infoem. La presidenta del organismo, Zulema Martínez, reveló que los juicios de amparo están en curso.

Un ciudadano pidió al Infoem conocer los salarios, bonos, gratificaciones ordinarias y extraordinarias que obtienen los magistrados y jueces del Poder Judicial estatal, copias de sus recibos de nómina y demás apoyos, como gastos de representación, viáticos y emolumentos de otra índole.

El Poder Judicial sólo le proporcionó datos generales de ingresos no desagregados. El ciudadano se inconformó y el Infoem ordenó la entrada de la documentación solicitada, por estar dentro del catálogo de información pública de oficio. En respuesta, los magistrados combatieron la resolución recurriendo al amparo indirecto ante tribunales federales.