La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó la Ley SB 04 del estado de Texas, por afectar derechos de connacionales migrantes, y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de que presentó una opinión sobre la inconstitucionalidad de esta legislación.

La iniciativa SB 04, que podría entrar en vigor el próximo primero de septiembre, tiene como objetivo principal desmantelar las llamadas ciudades santuario. Esta ley obligaría a las agencias estatales de seguridad a colaborar y cumplir con las medidas de detención de migrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Activistas y defensores de derechos humanos de ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos han calificado a esta iniciativa como la pieza legislativa más discriminatoria, anti migrante y racista que se haya expedido desde la asunción de la nueva presidencia de Estados Unidos.

Al participar en la Mesa Redonda SB 04, en San Antonio, Texas, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, se pronunció abierta y tajantemente en contra de dicha iniciativa, según un comunicado del organismo.

Ante representantes de organizaciones no gubernamentales, autoridades texanas, organismos y representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Ombudsman nacional recordó la solicitud de medidas cautelares presentadas a la CIDH, y el recurso amicus curiae –opinión de un tercero en litigio– presentado en el juicio que se sigue contra esa ley en la corte de Distrito en San Antonio, Texas.

En la mesa de discusión para analizar la Ley SB 04, organizada por el Programa de Apoyo a los Mexicanos en el Exterior de la UNAM, en su sede de San Antonio, con la colaboración del Comité México-Americano de Asuntos Públicos, el presidente de la CNDH ofreció estar cerca de los mexicanos que se pudieran ver afectados por esta ley y regresar para dar seguimiento a las conclusiones aprobadas en la mesa.

Parte de estas conclusiones son que la SB 04 es una ley que afecta directa e inmediatamente a la comunidad migrante del estado de Texas y especialmente a los mexicanos y latinos, además de que es ambigua e imprecisa, excluyente, discriminatoria y racista; asimismo tendría efectos muy negativos en la economía del estado, lo que repercutiría directamente en los bolsillos de los texanos