A contracorriente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que pugna por un nuevo incremento presupuestal para hacer frente a las obligaciones en materia de protección de datos, entre los 32 órganos garantes estatales las obligaciones derivadas de las reformas en materia de transparencia han tenido que ser asumidas con las mismas partidas.

En su mayor parte, los congresos locales han homologado las legislaciones con la leyes generales, pero sin traducirlas en mayor presupuesto.

La presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (Ivai) y coordinadora de los órganos garantes en el Sistema Nacional de Transparencia, Yolli García, señaló: ‘‘Nos han dado más atribuciones en materia de transparencia y recientemente en lo concerniente a la protección de datos personales, sin que ello se haya traducido en la mayoría de los casos en mayores recursos presupuestales. Hemos seguido trabajando y sacando las obligaciones que se nos han mandatado, pese a que no contamos con presupuestos adecuados ni suficientes’’.

Las reformas constitucionales y las leyes generales vinculadas en materia de transparencia, protección de datos personales y la aún pendiente de archivos, incrementaron sustancialmente las obligaciones de los organismos de transparencia, lo cual sólo ha ido acompañado de presupuesto en el caso del Inai, en el plano federal, pero ha encontrado reticencias en los congresos locales.

El problema –advierte García– es que las facultades a los órganos garantes fueron otorgadas por el Congreso de la Unión –ratificadas en la homologación de leyes locales por los legislativos estatales– y esto ha implicado que en los estados se dependa de las voluntades del gobernador o de los legisladores. Sin embargo, la comisionada del Ivai sugiere que en general no ha habido gran disposición, pues en muchos casos los presupuestos han permanecido sin incrementos.

En su momento, el Inai recibió importantes aumentos que lo han llevado de contar con 611 millones de pesos en 2014, cuando comenzaron el conjunto de reformas, hasta la posibilidad de ejercer mil 99 millones de pesos en 2018, si el Congreso avala el proyecto presupuestal. Esto derivó en un incremento en el personal asignado a tareas de acceso a la información y ahora un previsible aumento en plazas en el área de protección de datos personales, considera el instituto.

García señala que el objetivo original de las modificaciones para un ‘‘piso parejo’’ en todos los estados era ejercer los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Por ahora, asegura, los órganos garantes han tratado de enfrentar esta nueva realidad con sus estructuras y presupuestos actuales, pero es indudable que se requiere un fortalecimiento de las capacidades institucionales para alcanzar ese objetivo y, sin recursos, es mucho más difícil lograrlo.

La comisionada refiere que uno de los objetivos del nuevo Programa Nacional de Trasparencia –cuyo primer borrador entregó el Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad Nacional Autónoma de México– es generar las condiciones para equilibrar las condiciones de funcionamiento de los órganos garantes y, por ende, el acceso a la información en todo el país.