l gobierno italiano acaba de construir su muro antimigrantes y, aunque no sea una valla de concreto ni suene en los medios como el de Trump, sus efectos nefastos y violatorios de los derechos humanos de miles no tardarán en manifestarse.

Frente a los flujos crecientes de personas que desde la África ecuatorial y subsahariana, así como de Oriente Medio, huyen de guerras, hambrunas, dictaduras y explotación, en que los países occidentales, especialmente los europeos, tuvieron y tienen preminente responsabilidad, también ha ido aumentando la cerrazón y la política del avestruz por la Unión Europea (UE) y el gobierno italiano, presidido por el presidente del Consejo de Ministros, Paolo Gentiloni.

Éste, de hecho, va asumiendo la función de gorila, rechazador de indeseados al servicio de los países que cuentan políticamente, como Alemania y Francia.

El presidente galo, Macron, desde su elección, se ha empeñado en rechazar a los migrantes en la frontera italiana de Ventimiglia y a cerrar sus puertos a los barcos de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que salvan a personas en el Mediterráneo.

Por su parte, hasta 2015, el gobierno alemán de Angela Merkel había recibido a 890 mil refugiados para satisfacer la demanda laboral de su pujante industria, mejorar su pirámide demográfica y sistema de retiro, pero en 2016 la cifra se redujo a 280 mil.

Las rutas a Europa de migrantes de países en guerra, como Siria, Irak o Afganistán, pasan por Turquía, Grecia y los Balcanes para llegar al sur de Italia, a Austria, Eslovenia y Hungría. De este lado Turquía está haciendo el trabajo sucio de la UE, al sellar la ruta del Egeo. Con un acuerdo de 2016, a cambio de 6 mil millones de euros, Erdogan se comprometió a recibir a los irregulares expulsados de la unión, muchos de ellos refugiados que buscan asilo político y huyen del Estado Islámico.

Ahora también se cierra la vía mediterránea, por la cual los migrantes cruzan el Sahara y se suben a los barcos desde Libia, país en guerra, dividido entre tres gobiernos en pugna después de la caída de Gadafi en 2011. Allí operan decenas de centros de detención oficiales y abusivos, gestionados por milicianos armados, en donde ni los médicos pueden entrar: los migrantes, considerados mercancías, sobreviven en un infierno. Esta ruta, pese a mafias y traficantes, al peligro de viajar en barcos abarrotados y a los altos costos económicos y humanos, resultaba viable hasta hace poco.

Pero el gobierno italiano, los medios mainstream y la mayoría de los partidos políticos, tanto de derecha como de centroizquierda, han conducido una vil campaña de desprestigio contra las ONG que envían a sus rescatistas cerca de Libia para salvar a los migrantes y llevarlos a Italia. La fiscalía de Trapani, en Sicilia, hasta abrió una averiguación sobre la labor de las organizaciones.

En ese contexto, en julio el ministro de Interior italiano, Marco Minniti, parió un código de conducta para disciplinar y, por tanto, detener el trabajo humanitario de las ONG, las cuales, en 2016, salvaron a 46 mil 796 personas, 40 por ciento del total de los rescates marítimos. El código prevé, además de mayores controles, la presencia de un policía en los barcos y la prohibición a los migrantes de transbordar de una embarcación a otra. El acuerdo fue firmado por la mayoría de las organizaciones, pero no por Médicos Sin Fronteras, que denuncia cómo no se le da prioridad al rescate en mar y al papel coadyuvante de las ONG.

La relatora del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Agnes Callamard, sostiene que el Código para las ONG causa muertes predecibles y prevenibles. La migración no va a pararse así por decreto. En el mediano plazo se abrirán nuevas rutas, quizá por Marruecos, Túnez y España, aunque para Minniti los flujos migratorios se pueden gobernar y estamos aún en un largo túnel, pero empezamos a ver una luz al final.

Su idea de gobernanza y luz es el outsourcing del trabajo sucio. Tras un acuerdo estipulado en febrero con una facción libia, la del político Fayez al Sarraj, las autoridades italianas empezaron a capacitar a la guardia costera líbica y se le donaron 10 lanchas patrulleras. Una de éstas, la semana pasada, disparó al aire y amenazó en aguas internacionales la lancha de la ONG española Proactiva open arms para que se retirara.

Es una manera cínica de lavarse las manos, basándose en el pretexto de que los socios europeos no están apoyando a Italia al devolver a los migrantes que cruzan los Alpes. Pero en realidad el gobierno italiano eligió firmar el tratado de Dublín en 1990 y su nuevo reglamento en 2013, el cual prevé que las personas que quieran conseguir el estatus de refugiado lo deben hacer en el país de su primer ingreso dentro de la UE, que en muchos casos es Italia o Grecia.

El muro que levantan Italia y la UE considera a los muertos en el mar como el precio a pagar para desalentar la migración. El código Minniti y la gradual extensión del poder de control sobre aguas territoriales e internacionales de las autoridades libias, ayudadas por medios donados por Italia, va a causar más violaciones en Libia y en las futuras rutas, cada vez más peligrosas, que se van a abrir.