La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (Cides), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y el ex sacerdote Alberto Athié exigieron a la Procuraría General de la República (PGR) que atraiga el caso del albergue la Ciudad de los Niños e investigue a fondo los presuntos abusos contra menores y se finquen responsabilidades penales a los culpables.

En conferencia de prensa, Yuli Pliego, abogada integrante de la ODI; Alicia Vargas Ayala, presidenta del consejo directivo de la Redim y directora del Cides; Aidé García Hernández, coordinadora del área de relaciones institucionales de CDD, y Athié destacaron que sólo de esta forma hay posibilidades de que se ponga un alto a la impunidad en casos de pederastia clerical.

Expusieron que la jerarquía católica debe reconocer la responsabilidad estructural que tiene en los casos de abusos sexuales contra niños y adolescentes por encubrir y proteger a los sacerdotes pederastas.

Asimismo, solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita medidas cautelares de forma urgente para proteger a los menores que aún permanecen en el albergue, para evitar que se realice un cierre del espacio sin la investigación de la PGR y cuidar que se tenga un plan de restitución caso por caso.

Precisaron que uno de los principales llamados al jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a que como presidente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y de la República convoque a una reunión urgente de seguimiento en la PGR para recibir información de las acciones realizadas por las autoridades de Guanajuato y Michoacán y la comisión especializada de atención a víctimas.

Recordaron que el pasado 11 de julio se dio a conocer el imperio de impunidad construido por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías en la Ciudad de los Niños, en Guanajuato, y en Ciudad Juvenil, en Michoacán. En cinco albergues que carecen de supervisión oficial presuntamente hubo violencia física, emocional y sexual; desapariciones; adolescentes embarazadas y transgresiones a los derechos de la infancia, entre otros delitos.

El pasado día 2 la PGR reveló que abrió una carpeta de investigación con el propósito de verificar si los hechos configuran delitos del orden federal. En tanto el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, anunció que se cerrará el albergue y que los niños y adolescentes serán devueltos a sus familias o reubicados en otras instituciones.

Los colectivos advirtieron que regresar a los niños y jóvenes a sus respectivos estados y familias va a garantizar una condición de impunidad a los perpetradores y a los funcionarios locales, y pone en grave riesgo a las víctimas de ser dispersadas para evitar que testifiquen.